El anticipo de las elecciones gallegas al 21 de octubre deja en el cajón alguno de los últimos proyectos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como la reforma de la ley electoral y la comisión de investigación sobre las cajas.

La reforma de la ley electoral es una iniciativa que no ha llegado a ser registrada ni siquiera en el Parlamento y que preveía medidas de austeridad como rebajar de 75 a 61 el número de diputados en la Cámara autonómica.

Tampoco verá la luz la comisión de investigación sobre las extintas cajas de ahorro gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- así como sobre las indemnizaciones cobradas por sus exdirectivos, y que se preveía que se constituyese esta misma semana. Precisamente, la fusión entre estas dos cajas, que acabó en la entidad Novagalicia Banco, nacionalizada actualmente y con dudas sobre su viabilidad, fue uno de los asuntos que ocupó parte del mandato.

Esta octava legislatura ha estado marcada por la acentuación del declive económico en España, que ha llevado, por ejemplo, a que la comunidad haya fijado un techo de gasto para 2013, aprobado el pasado mes, con niveles similares a 2005. La mala situación económica se dejó notar desde el primer día, ya que Núñez Feijóo decidió emprender una serie de reformas para reducir la Administración, que ha continuado a medida que se deterioraba la situación. De este modo, la Xunta pasó de 13 a 8 Consejerías, se redujeron la mitad de los altos cargos y hasta un 40% el número de asesores.

La Xunta defiende que este comportamiento le ha valido ser la comunidad que "mejor situación económica tiene", con un déficit en los niveles de lo permitido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También recuerda que este Gobierno ha incrementado en 5.500 las plazas en guarderías y centros de día, y que ha construido centros de salud nuevos, "al contrario que otras comunidades", y apostado por los hospitales de Vigo, A Coruña, Lugo y Ourense, "haciendo en cada caso lo necesario, construcciones, ampliaciones, reformas...".