El área de Educación de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz denuncia un ataque a la autonomía de los centros educativos por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El responsable provincial de la Red de Educación de IU Cádiz, Ángel Fernández, apunta que "hace unos días se ha recibido en los centros educativos de la provincia una carta de la Delegación Territorial competente en educación donde se cercena parte de la autonomía de los centros respecto a las visitas institucionales a los mismos", y aclara que "hasta el momento, los centros educativos gestionaban las visitas institucionales, ya fuesen de entidades públicas (alcaldes o alcaldesas, delegados y delegadas municipales del ramo, parlamentarios o parlamentarias), o de entidades privadas; mientras que a partir de la recepción del nuevo escrito, será la propia delegación quien controle y organice dichas visitas institucionales".

Explica Fernández que este tipo de visitas son "fundamentales para el desarrollo de las gestiones que un centro educativo debe hacer según las competencias que tiene asignadas y para mantener el contacto con su entorno, que es una obligación recogida en la propia normativa". Asimismo, el dirigente indica que “según las noticias que han llegado al área de Educación de Izquierda Unida en Cádiz, la Delegación Territorial está utilizando lo establecido en la mencionada carta, para prohibir el uso de los centros educativos a determinadas entidades, lo que es absolutamente contrario a la normativa vigente y a las instrucciones que regula el uso de los centros educativos".

Insiste Fernández en que "los decretos, que regulan el funcionamiento de los centros educativos, determinan que estos tienen autonomía en la organización y gestión del mismo y dicha autonomía es atacada claramente por la menciona misiva de la Delegación Territorial, en cuanto se inmiscuye en la propia vida del centro más allá de lo que está permitido".

Ante esta situación, "desde el área de Educación de IU en Cádiz, y como primer paso, se pide la anulación de dicha carta, que por otro lado no está basada en ninguna normativa actualmente en vigor".