La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la teniente de alcaldesa de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha recibido este jueves a los representantes de la mesa permanente de seguimiento creada por entidades sociales de la provincia afectadas por la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector de la discapacidad y el nuevo salario mínimo interprofesional. En este encuentro, la regidora ha conocido sus reivindicaciones para que desde la Administración autonómica se actualicen los conciertos rubricados con las entidades para cubrir los importes que suponen los nuevos salarios, evitando despidos de trabajadores, y garantizando el servicio a las familias usuarias.

El encuentro ha contado con la presencia de representantes de Autismo Cádiz, Upacesur, Cedown y Aspanido. Estos colectivos han creado esta mesa de seguimiento para recabar apoyos a su situación, dado que la aplicación del nuevo convenio colectivo y el nuevo SMI supone un aumento del gasto de las asociaciones, y conducen a un grave descuadre de sus presupuestos, poniendo en riesgo incluso la continuidad de sus servicios. Por ello, se propone una hoja de ruta que comprenda intervenciones tanto a nivel local como en Diputación o la Junta de Andalucía.

La alcaldesa ha expresado su apoyo a estas entidades, poniendo en valor la labor que realizan, y cumpliendo con una función asistencial imprescindible para las familias, a través de recursos concertados con la Administración. Cabe destacar que entre las asociaciones que conforman esta mesa, las presentes en la reunión, más Afanas, suman un total de 365 trabajadores, y atienden a 1.334 usuarios. Estos colectivos reivindican el trabajo que realizan sus trabajadores, y denuncian que de no actualizarse los convenios y conciertos, se pone en riesgo tanto la estabilidad del empleo, como la atención a los usuarios.

El nuevo convenio del sector implica subidas salariales entre el 6 y el 14%; reducen las horas anuales de trabajo; e incluyen mejoras sociales, como que las ausencias justificadas pasan de ser tres días naturales a tres días laborales. Todo ello implica un mayor gasto en personal, que de no ampliarse la dotación económica que reciben, se traduciría tanto en despidos, como en merma de servicios a las familias.