Jerez

Archivan una denuncia de CGT contra funcionarias municipales

  • La Fiscalía no ve prevaricación ni malversación en que cobraran por trabajos al GDR

Milagros Pérez y Milagros Abascal, en una imagen retrospectiva. Milagros Pérez y Milagros Abascal, en una imagen retrospectiva.

Milagros Pérez y Milagros Abascal, en una imagen retrospectiva. / josé ramón ladra

La Fiscalía de Jerez ha archivado una denuncia presentada por la central sindical Confederación General de Trabajadores (CGT) contra las altas funcionarias municipales Milagros Pérez y Milagros Abascal, en las que se les acusaba de cobrar del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Jerez por trabajos que realizaban. Cabe destacar que dichas diligencias fueron incoadas por una denuncia que fue presentada por Juan González en representación de la CGT de Jerez y que en las mismas se acusaba igualmente a Casto Sánchez Mellado, que fuera primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento durante el gobierno de la ex regidora Pilar Sánchez.

La denuncia destacaba un acuerdo municipal por el que se les pagaría a ambas por sus funciones como responsables económico-financieros del Grupo de Desarrollo Rural "en concepto de indemnizaciones contributivas", todo ello "en contra de lo establecido en el convenio de colaboración" existente entre la Consejería de Agricultura y Pesca, el Grupo de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Jerez, al que se consideraba como responsable administrativo-financiero y no directamente al personal que realizara las funciones obligadas.

Gobiernos anteriores mantuvieron una idéntica política al respecto de estos pagos

Según ha podido saber este medio, el Ministerio Fiscal investigó la posible comisión del presunto hecho delictivo denunciado, si bien finalmente archivó las actuaciones al no encontrar indicios sobre delitos tales como malversación de dinero público o una hipotética prevaricación.

Sostiene la Fiscalía que el hecho de que los pagos por los trabajos realizados se hayan hecho directamente por el Grupo de Desarrollo Rural a las funcionarias que los prestaron y no al Ayuntamiento no se puede considerar injusto ya que ni siquiera por parte de la Intervención Municipal como de la propia Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía se realizó advertencia alguna de que el referido medio de pago pudiera ser ilícito.

Fue el Grupo de Desarrollo Rural quien aprobó en una reunión celebrada en 2010 la retribución anual prorrateada para ambas funcionarias. Serían 8.000 euros que se repartirían entre las cuentas de dichas funcionarias (4.000 euros anuales para cada una).

Según pudo saber este medio, desde la Fiscalía de Jerez se ha entendido a este respecto que no consta en ningún lugar que por parte de la Intervención municipal se emitiese algún informe en contra, conocidos como informes de reparos, en relación a la resolución que daba el visto bueno al pago que se debía de realizar a las funcionarias.

Resulta especialmente destacable que, al parecer, ésta era la manera habitual de proceder en el Ayuntamiento de Jerez, ya que años atrás, al parecer en torno al ejercicio de 2010, un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la subvención del "desarrollo endógeno de las zonas rurales" (Proder de Andalucía) fueron las mismas funcionarias las que llevaron a cabo trabajos que le correspondían al Ayuntamiento que era el responsable administrativo-financiero. Tanto es así que anteriores gobiernos municipales al de la socialista Pilar Sánchez se actuó exactamente igual que en esta ocasión.

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