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La Audiencia investiga por estafa a la clínica Dental Line

  • El juzgado central de instrucción número 1 centralizará las denuncias de los afectados

Facua-Consumidores en Acción informa de que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional centralizará las denuncias de los múltiples afectados por el cierre de la cadena de clínicas Dental Line.

Lamento por el retraso

Desde un primer momento, la asociación denunció estos presuntos cierres fraudulentos ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del entonces Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas, además de ante la Fiscalía de Granada.

Ahora, más de dos años después, el Tribunal Supremo ha resuelto que debe ser la Audiencia Nacional la que centralice toda la investigación, aunque en principio, el juzgado dirigido por Santiago Pedraz rechazó la competencia al estimar que "no estaba acreditada" una generalidad de personas.

Facua lamenta un retraso provocado por la inhibición previa de la propia Audiencia y de fiscalías como las de Sevilla y Granada. La asociación se dirigió en julio de 2010 ante esta última para alertar de un posible delito de estafa.

Sin embargo, la causa fue derivada a la Fiscalía de Sevilla que, a su vez, remitió la causa de vuelta a Granada. Finalmente ha sido un juzgado de Barcelona el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional.

Tal como planteaba Facua desde un primer momento, la sala de lo penal del Supremo ha dictaminado que las características del asunto, "con gran número e incremento de perjudicados en el territorio de más de una Audiencia", hace que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional.

Cierre de Dental Line

Dental Line cerró o vendió en 2009 sus establecimientos en distintos puntos del país -llegó a tener 77 centros en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco- sin asumir en muchos casos sus obligaciones con sus clientes, fundamentalmente, paralizando los tratamientos iniciados por sus pacientes y dejando sin cobertura las garantías establecidas en la legislación para dichas intervenciones.

En la provincia de Cádiz, Dental Line contaba con tres clínicas, ubicadas en la ciudad de Cádiz, Jerez y Algeciras. Facua Cádiz representa a más de 110 afectados por el cierre de las clínicas Dental Line en nuestra provincia, que, en su gran mayoría, se han visto obligados a personarse en el concurso de acreedores al que actualmente se encuentra sometido esta empresa.

Financiación de los tratamientos

Facua, que recibió una avalancha de consultas y reclamaciones de afectados tras el cierre de esta cadena de clínicas deontológicas, ha defendido el derecho de los usuarios a recuperar la totalidad o parte del dinero que abonaron por tratamientos sin concluir cuando no se ha garantizado su continuidad.

Al mismo tiempo, y en muchos casos, los usuarios contrataron la financiación del pago de sus tratamientos a través de préstamos vinculados, suscritos a través de acuerdos entre Dental Line y entidades financieras.

En estos supuestos, Facua ha defendido el derecho de los usuarios a resolver los contratos y, a partir de entonces dejar de pagar las cuotas correspondientes a los mismos, así como a exigir a las financieras que les devolvieran la totalidad o una parte de las cantidades abonadas. Los usuarios también, en algunos casos, se han visto obligados a reclamar la garantía de los tratamientos que les fueron dispensados.

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