El Ayuntamiento amenaza con resolver el convenio de Acasa

La paciencia se acaba y con ella, los ultimátum empiezan a salir a la luz. Si las trabajadoras de Acasa llevan protagonizando desde hace casi tres semanas sonoras protestas, ayer fue el Ayuntamiento quien llamó la atención de todos. O paga o se resuelve el convenio. El Consistorio, diana de todas las movilizaciones de la plantilla, se mostró tajante y anunció que la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha enviado un segundo requerimiento a la consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para que cumpla con los compromisos recogidos en el convenio firmado en el año 2007 para la prestación del servicio de ayuda domicilio. En el escrito, del que también se ha enviado copia al presidente de la Administración autonómica, José Antonio Griñán, y al defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se advierte a la Junta que de no cumplir con sus obligaciones “se verá obligado a proceder a la resolución del convenio”.

Este segundo requerimiento ha sido remitido ante la falta de respuesta a la carta enviada por el Ayuntamiento el pasado 9 de enero, en la que se pedía a la consejería que “cumpliera con sus obligaciones” y enviara la resolución en la que se especifica la suma de dinero que está previsto transferir a lo largo del primer semestre de este año. Dicha resolución, conforme al acuerdo firmado en 2007, debe comunicarse a la Corporación local en el mes inmediatamente anterior al inicio del semestre a financiar. Conforme a este acuerdo, la Junta debería haber remitido el documento el pasado mes de diciembre, sin que a fecha de ayer se haya recibido en la delegación municipal de Bienestar Social, pese a que el primer requerimiento se hizo a principios del mes de enero.

Así, el Ayuntamiento centra su petición en tres cuestiones fundamentales. La primera, insta a la Junta a que notifique a este Ayuntamiento, con carácter urgente, “la resolución que debió formular el pasado mes de diciembre”, en la que se especifique el importe de la cuantía que debe transferir a este Ayuntamiento, para que esa Administración garantice, “como es su obligación”, la financiación del servicio durante el primer semestre de 2012. El segundo punto, solicita que no regularice las cantidades pendientes hasta tanto no se pacte entre ambas administraciones un calendario de pagos, aplazado en el tiempo, que solucione la actual asfixia financiera del servicio. Por último pide que transfiera, “con carácter inmediato y excepcional”, el importe de las cantidades regularizadas durante el segundo semestre del 2011 (690.847,84 euros) y que se pacte un nuevo calendario para la regularización de estos fondos desviados (desfases de tesorería) por el anterior gobierno municipal.

En caso de no dar respuesta a sus peticiones, el Ayuntamiento dice que se verá “imposibilitado” para gestionar el servicio, lo que tendría “como ineludible consecuencia la resolución del convenio con la consejería, lo que supondría a su vez la subrogación”. La administración autonómica tendría que encargarse así de la gestión y asumir el personal de Acasa.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, explicó que “se ha hecho esta petición por escrito porque es una obligación recogida en el convenio que se está incumpliendo, pero, sobre todo, porque este documento, en el que se detallan las cantidades a transferir, nos sirve como aval para poder acudir a las entidades financieras para que puedan adelantar el dinero y evitar los retrasos en los pagos”. En este sentido, en la misiva a la Junta también se pone de manifiesto la situación en la que se encuentran las trabajadoras de Acasa como consecuencia de estas demoras, así como “el esfuerzo que se está realizando” desde el Consistorio para que puedan cobrar sus salarios, aludiendo al informe elaborado por la Tesorería en el mes de julio en el que se confirma la situación de colapso de la tesorería municipal ante la falta de liquidez.

La responsable municipal del área de Bienestar Social también fue ayer protagonista por la protesta que las empleadas de Acasa realizaron en la delegación. Desde las 7.30 horas, el colectivo se instaló a las puertas del edificio impidiendo la entrada a los trabajadores municipales, que ‘solidarizándose’ con la plantilla de Acasa no forzaron el desalojo de las empleadas. Con la que tuvieron palabras más duras fue con la delegada de Bienestar Social, quien al intentar entrar en las instalaciones de San Benito tuvo una conversación“desagradable” con las manifestantes. “Nos ha dicho que su delegación ayuda a algunas empleadas, pero no debería ser así. Tendríamos que cobrar nuestros sueldos y punto, no queremos ayudas”, declaró la presidenta del comité, Encarnación Barrios. Una compañera, Loli Briantes, criticó que “nos reprochara que su delegación ayuda a estas mujeres, como si por eso no tuviéramos derecho a pedirle nuestro sueldo”.

El comité se reunirá hoy para analizar la última información del Ayuntamiento, de la que ayer no quiso pronunciarse, y recordó que se instalará durante la mañana una mesa informativa en la plaza del Arenal para recoger más firmas.