Un Ayuntamiento con sobrepeso

En el Ayuntamiento de Jerez las cuentas no salen. Con 2.500 trabajadores entre el Consistorio, empresas municipales y fundaciones, la Administración local soporta anualmente una nómina de más de 110 millones de euros, cuando los ingresos en plena crisis apenas llegan a los 80 millones. Ante este panorama, el PP ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará este mes a 390 trabajadores y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que limitará los sueldos a 70.000 euros, entre otros muchos ajustes. Las reacciones no se han hecho esperar: oposición y sindicatos están ya en pie de guerra. El problema es que pocos hablan de cómo se ha llegado a este panorama en el que la plantilla se ha convertido en un lastre más de los muchos que arrastra el Ayuntamiento. Aun así, desde IU esta misma semana indicaron una de las claves por la que se ha llegado hasta aquí: "Esta situación no es nueva, no se produce de un día para otro, sino por una política de Recursos Humanos llevada a cabo por quienes han gobernado buscando más la rentabilidad política que el servicio a la ciudadanía".

El alcalde de Jerez durante 24 años y posterior delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco , que ahora desde la oposición se lleva las manos a la cabeza por los despidos anunciados, llevó a cabo durante su mandato una política de contratación que muchos pusieron en duda. Su propia compañera de pacto durante 2005-2007, la ex alcaldesa del PSOE, Pilar Sánchez, así lo reconoció en innumerables ocasiones y dio a conocer datos como el aumento de plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo que, en el plazo de cinco años, pasó de 121 empleados a 268 con Pacheco como delegado de área. Incluso, amenazó con denunciar "a todos los enchufados".

Los sindicatos, mientras tanto, sólo se pronunciaron en casos de despidos como los que intentó Sánchez con 17 técnicos de Urbanismo a los que finalmente, tras cuatro meses de conflicto, tuvo que readmitir en febrero de 2008. La ex alcaldesa Pilar Sánchez también propuso en 2009 un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en la plantilla para aliviar las arcas municipales. Sin embargo, tras mucha polémica, esta medida no se llevó finalmente a cabo no sólo por el rechazo sindical sino también por el 'boicot' que sufrió por parte de su propio partido. Finalmente en marzo de 2010 la Junta acabó archivando el expediente argumentando falta de documentación, entre otros motivos. Aun así, Sánchez ya insistió durante su gobierno en la necesidad de recortar entre 300 y 550 puestos de trabajo en las instalaciones municipales.

Ambos ex alcaldes, Pacheco y Sánchez, mantienen ahora causas judiciales abiertas precisamente por las denuncias sobre casos de contrataciones en las que supuestamente no se han respetado ni la capacidad, ni el mérito ni la igualdad. No en vano, en el Ayuntamiento jerezano en la actualidad los sueldos y puestos poco tienen que ver en muchos casos con el currículum de cada trabajador ya que empleados sin estudios pueden alcanzar fácilmente los 48.000 euros, mientras que hay licenciados con salarios anuales menores de 32.000 euros. Todo esto debido a la concesión de complementos salariales sin una norma fija y al funcionamiento defectuoso, según la propia oposición, de la bolsa de trabajo. En la calle, mientras tanto, se habla del 'enchufismo' en el Consistorio con total normalidad, como si fuese una práctica normal y habitual, y pocos ven raro que familias enteras trabajen en estas instalaciones. Aun así, de conocerse la cifra de hermanos y matrimonios que desempeñan su labor en la Administración local llamaría la atención a más de uno porque podrían contarse por cientos. Y ni que decir tiene, que los representantes sindicales tienen también a muchos familiares trabajando en el Ayuntamiento. Algo que no tiene nada de especial si no fuese porque los distintos representantes sindicales se acusan mutuamente (cuando no hay micrófonos cerca) de haber utilizado su posición para favorecer a familiares directos. De hecho, la división sindical ahora es evidente y buena parte de los trabajadores cuestionan ahora si muchos de sus representantes están realmente desarrollando la labor que deberían o si continúan más preocupados en otros menesteres.

La realidad actual es que el Ayuntamiento tiene algo más de 1.900 empleados (al margen de los 1.200 que trabajan en concesionarias y de más de medio millar que trabaja en empresas municipales y fundaciones), de los que tan sólo un 31% son funcionarios. Mientras tanto un 69% son laborales, de los que poco más de 400 son fijos y más de 900 son indefinidos (sin plaza). Los datos ya conocidos sobre los laborales indefinidos señalan que 619 fueron contratados en la época de Pacheco; 130 con Pilar Sánchez; y 153 en la época de pacto PSA-PP (56 contratados por Pelayo y casi un centenar, contratados en áreas controladas por Pacheco).

Queda claro que en cuanto a contrataciones en el Ayuntamiento, todos los representantes políticos tienen aún mucho que decir y aclarar, aunque de momento siguen inmersos en una guerra que pocos frutos va a dar. Los representantes sindicales, a su vez, deberían también estar a la altura y demostrar que defienden los derechos de aquellos que han accedido a su puesto cumpliendo la legalidad y denunciar, por tanto, los casos en los que no ha sido así. De lo contrario, el rumor en la calle seguirá siendo el mismo: "Los políticos y los sindicalistas no hacen nada porque tienen mucho que callar. En el Ayuntamiento no sobran 390, sobran muchos más enchufados". Alguien debería demostrar que esto no es así (si es que no lo es).