La administración concursal de Complejo Bodeguero Bellavista y de Zoilo Ruiz-Mateos se harán cargo a partir de ahora de la gestión íntegra de las bodegas tras la decisión adoptada por la titular del juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, de suspender las facultades de administración y disposición del patrimonio de Back in Business, sociedad vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo y actual propietaria de Nueva Rumasa. Complejo Bellavista (Garvey-Jerez) y Zoilo Ruiz-Mateos son las principales bodegas de las cuatro adscritas a Nueva Rumasa en concurso de acreedores.

En un auto emitido a finales de mayo y notificado el 6 de junio a las partes, la juez decreta el cambio de régimen de las facultades patrimoniales de la primera de las bodegas tras estimar la solicitud de los administradores concursales, que enlaza con la postura de la representación de los trabajadores. Según la información a la que ha tenido acceso este medio, el auto de suspensión de facultades en Zoilo, ya emitido, está sólo pendiente de notificación.

En el auto de Complejo Bellavista, que se extiende a la distribuidora de bebidas Unión de Grandes Bodegas (UGB), la titular del juzgado de lo Mercantil que instruye los concursos de las bodegas del Grupo Garvey en el Marco de Jerez considera "suficientemente justificada" la petición de suspensión de facultades patrimoniales, para la que la administración concursal alega, básicamente, "la inexistencia de trayectoria empresarial de la actual propietaria de Nueva Rumasa y de otras sociedades vinculadas a la misma, la ausencia de participación efectiva en la gestión diaria de la bodega, la posible existencia de intereses encubiertos en el acuerdo de compraventa, las dificultades diarias en el desarrollo de la gestión empresarial y la creciente incertidumbre incrementada por la repercusión mediática de todos los procedimientos actualmente en curso respecto a la familia Ruiz-Mateos y a los responsables de Back in Business, en concreto Ángel de Cabo y Fernando Lavernia, propietario y administrador único de Complejo Bodeguero Bellavista".

Frente a la "inconsistencia" del escrito de oposición presentado por Back in Business, la juez considera que la administración concursal "justifica sobradamente" su petición con una "exhaustiva argumentación" en la que se señalan los riesgos que se quieren evitar y las ventajas que se pueden obtener con esta medida, que considera "absolutamente necesaria".

Los administradores argumentan que los objetos sociales de las sociedades que ostentan la propiedad (Ángel de Cabo) y la administración (Fernando Lavernia) de Complejo Bellavista no guardan relación alguna con la actividad bodeguera, al tratarse de "sociedades instrumentales" constituidas en fechas próximas a la compra de la bodega y que carecen tanto de trayectoria empresarial como de "solidez y relevancia financiera".

La juez comparte las dudas de la administración concursal acerca de los "verdaderos intereses" de los nuevos propietarios, dudas que alimentan la estructura de la sociedad, la presencia de Ángel de Cabo y los "indicios" de su relación con José María Ruiz Mateos, y el "precio simbólico" pagado por las acciones. En este sentido, los administradores interpretan que, todo esto unido a la situación concursal de la bodega y al elevado déficit patrimonial que arrastra, corrobora la posible existencia de un pacto secreto con los Ruiz-Mateos para la liquidación de los activos y el reparto de los posibles beneficios fuera del concurso.

Aunque no existe sentencia firme que acredite esos acuerdos complementarios, que según Back in Business son "falsos", la juez sostiene que los indicios que se desprenden de un auto dictado por la Audiencia Nacional en base a los testimonios de un testigo en la causa por el supuesto fraude de los pagarés de Nueva Rumasa "son suficientes para haber creado un clima de incertidumbre que perjudica" a la actividad de la bodega.

Los administradores concursales exponen que tanto en sus constantes visitas a las instalaciones bodegueras como a través de conversaciones con los trabajadores han podido constatar que no existe una participación activa de la propiedad en la gestión de la bodega. De hecho, al administrador único de Complejo Bodeguero Bellavista y director de la división de Alimentación y Bebidas de Nueva Rumasa, Fernando Lavernia, "sólo se le ha visto por las instalaciones en la reunión que organizaron para presentarse como nueva propiedad y en otra ocasión para anunciar la puesta en marcha del 'plan de sostenibilidad'", señala el escrito de solicitud de medidas cautelares, en el que se puntualiza que hay otro responsable "del que no consta que tenga poderes otorgados" que acude de "forma intermitente".

La administración concursal advierte del riesgo de que las sociedades y demás propiedades del conglomerado de Nueva Rumasa -bodegas, hoteles, fincas, inmuebles, apartamentos...- adquiridas por De Cabo sean finalmente "liquidadas", ya que del auto dictado por la Audiencia Nacional en relación a los posibles pactos complementarios con los Ruiz Mateos se extrae que "parece ser que la intención de éste es obtener el máximo beneficio de la liquidación de las empresas, y que no piensa hacer frente a las deudas de las sociedades" y "entre los pactos colaterales está el de pagar un sueldo mensual al cabeza de la familia Ruiz-Mateos y a sus hijos varones".

En consecuencia, y bajo la premisa de que la medida resultará beneficiosa para la continuidad de la actividad empresarial", la juez estima la solicitud y suspende las facultades patrimoniales de Back in Business.