Bodegueros en manos de Competencia

El pleno del Consejo Regulador aprobó el pasado mes de febrero en sesión extraordinaria unos presupuestos de mínimos en los que la partida para la promoción genérica de los vinos de Jerez sufrió un recorte del 75% para pasar de los 1,1 millones del ejercicio anterior a unos escasos 300.000 euros. El tijeretazo, impulsado por el sector comercializador, era consecuencia directa del duro revés que supuso para las bodegas la segunda de las actuaciones emprendidas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra el Marco de Jerez y que se saldó con una sanción de casi siete millones de euros a ocho firmas bodegueras, su patronal Fedejerez y el Consejo Regulador, partícipes según el organismo estatal del cartel del BOB o marcas blancas. El Marco de Jerez suma en las tres expedientes incoados por la CNC multas por valor de casi ocho millones de euros, que equivalen a 26 veces el presupuesto actual para la promoción del jerez,

Tras la primera sanción de la CNC a la institución del vino por la implantación del cupo de ventas discriminado, medida que castigó con multa de 400.000 euros -que la Audiencia Nacional dejó en 100.000 euros tras la presentación del recurso pertinente-, Competencia cayó con todo su peso sobre el sector bodeguero al entender que las principales firmas del Marco, junto a otras pequeñas y con el consentimiento de su patronal y el Consejo Regulador, se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado de las marcas blancas y fijar precios.

Si la investigación previa desarrollada por el organismo estatal levantó ampollas entre las bodegas -la patronal acometió una reestructuración interna tras destaparse la solicitud de clemencia a cambio de información realizada por la firma bodeguera que ostentaba la presidencia, hasta entonces individual, y que pasó a manos de una terna-, la resolución final de Competencia reabrió la brecha en Fedejerez, que tuvo serios problemas para encajar el reparto entre sus asociados de la sanción de 400.000 euros -la parte proporcional de los 6,7 millones del total de la multa que correspondió a la patronal-.

Las bodegas no imputadas no estaban por la labor, pero la patronal logró evitar la espantada y reunir los avales para recurrir la decisión de la CNC ante la Audiencia Nacional, que aún no se ha pronunciado sobre la mayoría de los recursos presentados por las bodegas, Fedejerez y el Consejo Regulador, el de este último admitido a trámite.

Con las aguas aún revueltas, y tras la nueva reestructuración a la que se sometió la patronal a raíz de las desavenencias internas por la derrota del candidato de las bodegas en la elección de presidente del Consejo del vino, la Comisión Nacional de la Competencia se descolgó el pasado viernes con la tercera y última de las sanciones al Marco de Jerez, en este caso por los acuerdos sobre el precio de la uva del periodo 1991-2009, de los que nuevamente culpa al Consejo Regulador y a Fedejerez, así como a la extinta Arjeman -hoy día integrada en la patronal bodeguera-, las organizaciones de productores -Aecovi, Asevi y Coag- y la Consejería de Agricultura.

En su resolución, la CNC exime de sanción económica a la Administración autonómica, no así a las organizaciones sectoriales y a la institución del vino, a las que impone una multa de 544.000 euros, de los que Fedejerez tendrá que hacer frente a 300.000 euros, a los que se suman los 24.000 de Arjeman.

De momento, y pese a la insistencia de este periódico, la patronal bodeguera es la única de las organizaciones e instituciones implicadas que no se ha pronunciado sobre la decisión de Competencia, si bien vistos los antecedentes, Fedejerez podría enfrentarse a un nuevo terremoto interno por la asfixia económica que atraviesa el sector, al que apenas le queda ya margen de maniobra.

En cuanto a la Consejería de Agricultura y al margen de las declaraciones realizadas por su titular, Clara Aguilera, en las que cuestionaba el grado de conocimiento que tiene la CNC de las funciones de los consejos reguladores, todo indica a que, al no haber sido sancionada pese a incluirla entre los infractores por su "papel activo" en los acuerdos y su vigilancia, rehusará la vía de los tribunales para inclinarse por ofrecer ayuda a los sancionados. En este sentido, y según la información recabada por este medio, el apoyo económico queda descartado por la difícil situación de las arcas públicas, por lo que la ayuda se ceñirá al ámbito del asesoramiento jurídico.

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