La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado a declarar el próximo 20 de abril al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda y el 10 de mayo al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con el fraude de los cursos de formación. En una providencia, la juez ha citado a declarar entre los meses de abril y mayo a 20 personas en calidad de investigadas en esta macrocausa abierta por las presuntas irregularidades en las subvenciones para los cursos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

Los 20 imputados han sido llamados a declarar en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas al grupo de empresas de Ángel Ojeda, quien según la instructora recibió más de 33 millones de euros en subvenciones para actividades de formación. Las declaraciones arrancan el 20 de abril y finalizarán el 17 de mayo, según el calendario fijado por la juez Bolaños. Entre los investigados figura además un hijo de Ángel Ojeda.

La decisión de la juez se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora en febrero pasado que citara a declarar a un grupo de imputados, entre ellos los ex consejeros mencionados.

Con anterioridad, la magistrada reorganizó la macrocausa y acordó su división en nueve grandes bloques, en uno de los cuales se investiga precisamente el entramado de empresas de Ángel Ojeda.

En enero pasado, la juez Bolaños incoó las diligencias previas de las tres primeras piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación, piezas relativas a la actividad desarrollada por los entramados empresariales vinculados al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, así como de Rafael Velasco Sierra -ex vicesecretario del PSOE andaluz- y José María Pérez González en relación a subvenciones de cursos de formación y contratación de los que pudieran ser penalmente responsables. La instructora ya ha declarado causa de especial complejidad seis de las nueve piezas en las que se dividió la macrocausa de los cursos, lo que implica que la instrucción de las mismas puede prolongarse durante 18 meses más.

En la pieza relativa al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda se investiga la actividad desarrollada por las empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de ayudas a los ex trabajadores de Delphi, por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova, y Natura) otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre 2010.

Según explica la juez en el auto de imputación, existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de los cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas a Ángel Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".