CGT mantiene la "ilegalidad" del ERE y reclama su nulidad

El próximo lunes CGT presentará la demanda colectiva contra el ERE municipal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así lo comunicaron ayer representantes del sindicato y del comité de empresa del Ayuntamiento, en un acto en el que dieron a conocer cuáles son las líneas en las que han basado el documento. Desiderio Martínez, del gabinete de Estudios de CGT, comenzó su intervención remarcando que con esta demanda van a demostrar que "lo que se ha llevado a efecto no sólo no tiene causa, sino que está ligado exclusivamente a un recorte de los servicios públicos".

La primera y principal línea del documento se centra en "garantizar la prestación de los servicios con eficacia, no con eficiencia económica. No vale el juego de que los ayuntamientos puedan tener pérdidas o ganancias en función de los presupuestos, porque aquí rige la lógica de la prestación del interés general, estamos hablando de una obligación constitucional". El segundo argumento que defienden es que "no hay causa habilitante tal y como establece la ley, porque solamente se puede echar al personal a la calle si hay una insuficiencia presupuestaria". Martínez explicó así que el presupuesto "va del 1 de enero a 31 de diciembre y el expediente se plantea en abril. Por lo tanto, no han pasado tres trimestres consecutivos y tampoco hay razón para que haya un hecho sobrevenido que en lo presupuestado, el 1 de enero, se haya producido. Es decir, no existe causa".

La tercera 'pata' de la demanda "es la mala fe" en la negociación del periodo de consultas. "Para negociar de buena fe hay que poner todas las cartas sobre la mesa y la comisión negociadora, que por otra parte ni se ha formado y por tanto ya hay un problema de procedimiento, desconocía cuál era el presupuesto", denunció Martínez, quien recordó que "el mismo día que se presenta el ERE, las personas que están en la lista estaban también presupuestadas y aceptadas en la RPT. Entendemos así que la negociación es nula de pleno derecho porque estamos ante mala fe".

La cuarta línea de defensa de CGT son los criterios que deben ser objetivos, proporcionales y no discriminatorios. "Aquí el único criterio ha sido la edad, que encima no se cumple. El resto es absolutamente discriminatorio, unilateral, no objetivo ni proporcional", declaró el sindicalista.

Por su parte, la presidenta del comité, Nieves Calvillo, añadió que el día que el Ayuntamiento presentó el ERE por causas económicas "presenta la aprobación inicial de la RPT que nos cuesta más de cuatro millones y medio de euros. Ella (por la alcaldesa) puede revestirlo como quiera, pero que sepa que toda actuación que ha tenido el Ayuntamiento ha sido una huida hacia adelante. Pelayo está haciendo todo a sabiendas de que nada es legal y está ganando tiempo. Desde aquí dejo claro que todas y cada una de las actuaciones va en contra de la legalidad que tanto defiende".

Calvillo reconoció además que la reacción de los sindicatos en el inicio del periodo de consultas "no fue la más adecuada", aunque criticó que "ellos -gobierno local y Deloitte- no nos han exigido nada. Han permitido que en la mesa de negociación entrara quien quisiera y no han puesto orden. Y eso me parece que es mala fe".

La presidenta del comité recordó que CGT presentó por escrito a la mesa de negociación y a la Autoridad Laboral un requerimiento de documentación "porque en la memoria económica que nos habían presentado, el último consolidado era de julio de 2011. También exigimos la plantilla orgánica y se negaron, y tampoco nos han dado el informe de Intervención que dice cuándo surge la insuficiencia presupuestaria". Finalmente, Calvillo remarcó que la CGT "ha estado a la altura. No cabe otra que una demanda colectiva que declare la nulidad de todos y cada uno de los despedidos"

Por último, Adolfo Sánchez, de la Secretaría Jurídica de CGT Andalucía, añadió que "no vamos a firmar ningún ERE en la administración pública, y además los vamos a recurrir". Al mismo tiempo, Sánchez quiso denunciar que la "Inspección de Trabajo se ha pasado en sus atribuciones, porque la ley sólo les atribuye las competencias de velar porque el periodo de consulta se realice con las garantías legales. Eso es lo único que tiene que hacer".