La contratación de servicios jurídicos externos por parte del gobierno local ha puesto en pie de guerra a los sindicatos del Ayuntamiento. Tal como adelantaba este periódico en la edición de ayer, CSIF está estudiando denunciar al ejecutivo por este asunto, ya que entiende que no está justificada esta contratación dado que el Ayuntamiento cuenta con personal suficiente para desempeñar esta prestación. Cabe recordar que actualmente, está en proceso de licitación las tareas de defensa y representación judicial así como la asistencia jurídica en materia de gestión de recursos humanos para los dos próximos años.

Tras la advertencia de CSIF, desde la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento calificaron ayer de "irracional y lamentable" la contratación de servicios jurídicos externos. Por estos motivos, CGT ha presentado un recurso especial en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz contra esta oferta pública. El objetivo es que, mientras llega la resolución, se apliquen "medidas provisionales de suspensión" del procedimiento de contratación del 'Servicio para la Defensa y Representación Jurídica del Ayuntamiento de Jerez y Asesoramiento Jurídico de la Gestión de Recursos Humanos'.

Recuerdan que el Ayuntamiento de Jerez tiene, al menos, 50 licenciados en Derecho

En concreto, los motivos del citado recurso se basan, en primer lugar, en la "falta de previsión en los pliegos del condiciones aprobadas del recurso especial en materia de contratación". Desde el sindicato también alegan que "debe ser la jurisdicción contencioso administrativa la que resuelva en el caso de cuestiones litigiosas". "Este se articula sobre la base del artículo 88.1 del Real Decreto 3/2011, es decir dicho artículo regula que el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total sin incluir el IVA", detallan desde CGT. Además, añaden que "parece claro que el adjudicatario a través de esta contratación no solo va a cobrar el precio del contrato sino el porcentaje de las costas que finalmente resulte, obviando incluir en el contrato dicho valor, recibiendo el adjudicatario una cantidad extra de dinero público que no figura recogido como valor estimado del contrato".

A juicio de la sección sindical, "posiblemente y tal como están redactados los pliegos de cláusulas administrativas, el Ayuntamiento se podrá enfrentar a demandas interpuestas por los letrados externos que prestan su servicio bajo este contrato, al hallarnos ante una cesión ilegal de trabajadores, taxativamente sancionada por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores". Del mismo modo, desde CGT aseguran que se da una "vulneración del principio de transparencia al no publicar toda la información consiguiendo que los licitadores pierdan interés en la contratación por ser la misma menos apetecible en el anuncio del BOP de lo que luego el pliego demuestra".

Recalcan también la "inexistencia de la necesidad de personal que fundamenta la contratación, ya que existen en el Ayuntamiento al menos 50 juristas y un grupo importante de expertos en cuestiones públicas". En este punto, en el recurso -al que ha tenido acceso este medio- se especifica que "en los últimos doces meses, de 5 letrados que existían en el gabinete jurídico, 2 de ellos han sido enviados forzosamente a otros departamentos, mal casa esto con la necesidad de contratación externa de los letrados". Igualmente, desde CGT especifican que el servicio no puede externalizarse "al contemplar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento que el puesto de letrado ha de prestarse por funcionarios públicos".

Por último, desde el sindicato recuerdan que "la contratación de servicios externos incurre en incumplimiento del Plan de Ajuste al cual está sometido el propio Ayuntamiento". "Sea como fuere -subrayan- es difícilmente justificable que una Administración con 50 técnicos licenciados en Derecho, y al menos 9 de ellos con acreditada experiencia en tribunales, y sometida a un Plan de Ajuste, requiera contratación externamente los servicios pretendidos".

Por todas estas razones CGT entiende que "gobernar a capricho de la actual directora de los Servicios Jurídicos y de la actual alcaldesa nos va a costar alrededor de 446.100 euros en una materia que se nos antoja cuanto menos irrisoria y más si tenemos en cuenta que hemos padecido un ERE con cientos de trabajadores en la calle, por no decir la penosa situación que estamos padeciendo multitud de delegaciones municipales".

Por todo lo anterior "esperemos que el tribunal declare no ajustado a derecho la licitación del presente recurso y, como medida provisional, estime la suspensión del procedimiento de contratación del servicio, hasta no se resuelva el presente recurso para impedir que se causen más perjuicios a los intereses afectados, entre ellos a posibles indemnizaciones al adjudicatario de tener que resolverse el procedimiento de contratación".