El Consejo denuncia la "persecución" de Competencia y recurrirá la sanción

El Consejo Regulador del vino no gana para sustos con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que ha resuelto los tres expedientes sancionadores incoados al Marco de Jerez con otras tantas sanciones a la institución jerezana del vino, a la que ha impuesto en poco más de dos años multas por importe total de 708.000 euros.

Tras tumbar parcialmente la primera de las sanciones -la del cupo de ventas discriminado que la Audiencia Nacional dejó en 100.000 euros frente a los 400.000 inicialmente impuestos por la CNC-, el Consejo Regulador espera respuesta del alto órgano judicial sobre la segunda multa de 200.000 euros del global de 7,2 millones de euros impuestos al sector por los acuerdos del BOB o marcas blancas, al tiempo que prepara un nuevo recurso por la tercera y última sanción, la de los acuerdos del precio de la uva entre 1991 y 2009 resuelta en estos días por valor de 544.000 euros contra todas las organizaciones sectoriales -las patronales bodegueras Fedejerez y la extinta Arjeman; y las asociaciones de productores Aecovi, Asevi y Coag- y el Consejo Regulador, al que le corresponden en esta ocasión 108.000 euros.

La institución del vino, que suma tres de tres, denuncia "cierta persecución" por parte del organismo estatal, que según el presidente de la institución del vino, Antonio Fernández, "no llegamos a entender", máxime cuando el sector "ha actuado con claridad y publicidad absoluta".

Efectivamente, los acuerdos sobre el precio de la uva incluidos en los sucesivos planes estratégicos del vino de Jerez fueron de público conocimiento, que es justamente lo contrario a lo que haría un "cártel", que "se caracteriza por el oscurantismo para fijar precios y actuar en los mercados", explicó Fernández, quien considera que la CNC "ha vuelto a errar" en su resolución.

Entre los argumentos del nuevo recurso anunciado por la institución del vino, su presidente esgrimió que, al margen de los antecedentes judiciales de las dos primeras resoluciones, está el principio jurídico non bis in idem que impide sancionar "dos veces por el mismo hecho".

Fernández entiende igualmente que los hechos investigados -los acuerdos del precio de la uva entre los años 1991 y 2009- han "prescrito", al tiempo que recuerda que el Consejo Regulador actuó "bajo el principio de legítima confianza", ya que los acuerdos formaban parte de planes "impulsados por la Administración autonómica", a la que, por cierto, la CNC reprueba su "participación activa en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución del acuerdo de fijación de precios", aunque no sanciona por no intervenir como operador privado.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador subrayó que "nosotros no operamos en el mercado, con lo que es difícil que distorsionemos la competencia" y "es imposible cometer ninguna práctica antijurídica porque no somos operadores económicos del mercado", apostilló Fernández.