El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha recibido nueve sentencias judiciales de las que se desprende que la entidad consorcial ha incurrido en "prácticas fraudulentas de contratación laboral y declara en fraude de ley los contratos y la consiguiente extinción del vínculo laboral de estos trabajadores a los que la sentencia reconoce como indefinidos no fijos", según señala el comité de empresa en un comunicado.

Las respectivas sentencias declaran las supuestas extinciones como despidos improcedentes, por lo que la entidad podrá optar entre la readmisión de los trabajadores, con abono de los salarios de tramitación, o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

El comité lamenta "estos términos de opción, impuestos por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy", ya que "castiga a la parte más débil del contrato laboral pues, en el escenario normativo anterior a 2012, los salarios de tramitación debían abonarse fuera cual fuese la opción que adoptase el empresario infractor, propiciándose a partir de entonces, y principalmente en el sector privado, la anteposición consideración económica frente a cualquier otra y la opción empresarial fuese la no readmisión de trabajadores ilegalmente despedidos".

Detalle de los fundamentos de derecho de la sentencia.

Así, el comité de empresa considera, "en cambio, que, en el Consorcio, debido a su sometimiento al principio de legalidad, al de eficacia, al de estabilidad en el empleo público y a la necesidad de garantizar la prestación del servicio esencial básico cuya competencia asumió en 2008, deben pesar otras consideraciones, como es contar con los trabajadores necesarios para garantizar la continuidad y eficacia del servicio esencial, que es el objeto y que da carta de naturaleza a su propia existencia, en respeto a las condiciones laborales y sociales de la plantilla afectada".

Los representantes de los trabajadores del Consorcio subrayan que "los responsables de dirigir la gestión son conocedores de la calamitosa situación de la plantilla y de los riesgos de mantenerla en esos niveles; también es sabedora de como esa acusada insuficiencia compromete la garantía de prestación, en términos de eficacia a los ciudadanos y al interés general, de un servicio público, estratégico y esencial" y denuncian que, "sin embargo, a pesar de esa situación de déficit, ya al borde del colapso y que pone en peligro cierto la continuidad de un servicio que actualmente se viene salvando con multitud de horas extraordinarias y con agresiones a los derechos laborales y sociales, la entidad, a través de su presidente accidental, nos comunica que no readmitirá a estos trabajadores en sus puestos de trabajo, decantándose, antes que por cualquier otra consideración, por la opción más crematística, aunque ello supone el mantener la gestión del suministro de agua potable a los 20 municipios en altas cotas de riesgo, comprometiéndola seriamente".

"Ante la adopción como propias de medidas liberales, basadas única y exclusivamente en el coste económico", este comité de empresa percibe como "alarmante lo que cada vez parece más una estrategia en contra de la gestión pública del agua en beneficio del 'negocio del agua".

El comité recuerda que "desde 2008 se han dejado perder unos 40 puestos de trabajo de los existentes en el momento del traspaso competencial; desde entonces no se han repuesto las bajas ni dotado a la entidad de los recursos humanos necesarios para esa gestión y ahora, cuando las sentencias judiciales reconocen la ilegalidad cometida y ofrecen esa opción de readmisión, la presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana CAZG, abrazando la reforma laboral de M. Rajoy, se inclina por la opción de menor coste económico, a costa de los trabajadores y del mantenimiento de una gestión riesgosa".

Así, "desde que fueron despedidos estos trabajadores venimos denunciando la actitud abusiva de la temporalidad en la que está incurriendo el Consorcio, así como los tremendos déficits que vienen soportando los trabajadores, y es sabido que la readmisión de aquellos trabajadores, en los términos del fallo, que obtengan sentencias de despido en primera instancia, es una de las reivindicaciones en el conflicto laboral abierto en la entidad por lo que la decisión adoptada, de mantenerse, viene a incidir muy negativamente en la solución del mismo".

De esta manera, el comité de empresa se reunirá en breve para valorar esta situación y la postura a adoptar "ante lo que ya consideramos una agresión orquestada contra la eficacia de la gestión pública del agua potable en alta a la mayor parte de la provincia".