Denuncian que Aqualia no cumple la ley en el cambio de contadores del agua

El concejal del Grupo Municipal Socialista José Manuel Jiménez denuncia que la empresa privada encargada de gestionar el agua en Jerez, Aqualia, "no ha efectuado el cambio de todos los contadores como, obligatoriamente, debería haber hecho al cumplir ocho años los que actualmente prestan servicio, y según establece la normativa vigente".

Este hecho comporta "que se planteen dudas de si las lecturas que están ofreciendo los contadores es la correcta, puesto que esta infraestructura se encuentra ya fuera de su periodo de funcionamiento, desde un punto de vista legal".

Además, esta circunstancia "ha tenido otras repercusiones negativas, puesto que la empresa que se hubiera encargado de llevar a cabo estos cambios ha tenido que despedir a varios empleados por la falta de carga de trabajo".

"No entendemos" -afirma José Manuel Jiménez- "esta forma de actuar. Al ciudadano es preciso darle absoluta confianza de que está pagando lo justo, ha de existir total transparencia en el cobro de cualquier tasa o impuesto. Y más en estos momentos de durísima crisis, y con un servicio básico, como es el agua, y más después de, en contra de los jerezanos, haber privatizado este servicio".

La no sustitución de los contadores es otra prueba "del absoluto desastre que para Jerez representa la venta del servicio, un gravísimo error que los jerezanos vamos a estar pagando durante cinco lustros", afirma Jiménez.

"Pelayo decidió vender el único servicio rentable que tiene el Ayuntamiento a la multinacional Aqualia (FCC), que durante los próximos 25 años tiene previsto ganar 225 millones de euros con un patrimonio de todos los jerezanos".

En opinión del edil socialista, "en julio de 2012 los jerezanos comenzaron a ver que la venta de este patrimonio no les iba a salir de balde, cuando se produjo una 'actualización' de la facturación que tenía un único objetivo: que la empresa pasara a manos privadas. Los jerezanos pagan un 4 % más de agua por el capricho de Pelayo y, sin embargo, no ven por ninguna parte los beneficios de la privatización", añade José Manuel Jiménez, quien concluye afirmando que "el Ayuntamiento no explicó en su día que la gestión privada del agua implicaba la aplicación del 10 % del IVA en el recibo para los servicios de depuración y alcantarillado, tasas que están exentas de este impuesto si la explotación es pública".