Denuncian ocupación y vandalismo en dos fincas abandonadas del centro

La asociación de vecinos del Centro Histórico registró ayer en el Ayuntamiento un escrito dirigido al delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, denunciando los riesgos que entraña la ocupación de un inmueble abandonado en la calle Juana de Dios Lacoste, que -afirman- "está comprometiendo ya gravemente la seguridad de los vecinos colindantes". Según el presidente de la asociación vecinal, Alejandro González, hace diez días los okupas tiraron piedras a escolares que participaban en una gymkana y se han producido otros incidentes como ataques de un perro de raza peligrosa de su propiedad a otras mascotas de los vecinos. González indicó que la situación ha ido a peor y que el vandalismo no sólo afecta al número 17, el inmueble ocupado, sino también al 19, donde el pasado día 27 tiraron a patadas los cierres de aluminio, con el fin de venderlos. El presidente vecinal aseguró que tanto la Policía Nacional como la Local han tenido que intervenir dos veces la última semana por problemas en estas dos fincas. "El número 17 tiene el acceso completamente abierto, mientras que en el 19, el propietario ha puesto un candado, por lo que pedimos que el Ayuntamiento actué con contundencia y ejemplaridad en estos casos concretos y obligue a los propietarios a tapiar las posibles entradas a sus viviendas". La asociación pide incluso que se imponga "una sanción ejemplar con la que resarcir a los vecinos por el calvario que están sufriendo desde hace meses".

La denuncia se produce además tras el derrumbe ocurrido a finales de la semana pasada en la calle Liebre, que ha provocado las críticas de la asociación vecinal ante la situación de abandono y dejadez del centro histórico, pese al funcionamiento desde hace más de un año de una mesa específica para estos barrios, un foro impulsado por el Ayuntamiento. De hecho, en el escrito enviado al delegado de Urbanismo la asociación le traslada su queja y desilusión porque el centro "no ha experimentado la más mínima mejoría". Aunque los vecinos admiten que se ha hecho un buen trabajo en la fase de diagnóstico de las viviendas privadas, "no es menos cierto que no se ha actuado en ninguna dirección a la hora de reclamar a los propietarios el correcto mantenimiento de sus propiedades, tal como se establece en la Ley de Patrimonio Histórico". González apuntó que la mesa del centro histórico ha propiciado la comunicación pero "la comunicación no impide que las casas se sigan cayendo y tampoco se puede hablar de un Plan Urban mientras se suceden los derrumbes. El casco bodeguero de Rincón Malillo sigue con una grieta grande y algún día también se caerá". Aunque de menor importancia ayer mismo por la tarde se produjeron otros dos desprendimientos en un inmueble de la calle Justicia y en otro de la calle Cabezas, que precisó la intervención de los bomberos, mientras que la calle Liebre aún permanece cortada y con los escombros del último derrumbe en el suelo. "La solución está en tirar la fachada entera ya, antes de que caiga más agua y además no sabemos cómo está afectando a las propiedades colindantes".

González señaló que el Ayuntamiento se ampara en que no hay dinero para llegar a expropiaciones, que serían la última consecuencia de un largo proceso si los propietarios se niegan a obedecer las órdenes de ejecución municipales. "Pero si cae algo a la calle, quién tiene la culpa", se preguntó. En opinión de la asociación cualquier daño personal que pudiera ocasionar un derrumbe "no sólo sería achacable a los propietarios de las fincas, sino también a la inacción demostrada por la delegación de Urbanismo". Exigen que el Ayuntamiento actúe contra "la ruina en la que algunos propietarios, que no pueden esgrimir problemas de solvencia económica, mantienen sus edificios".