El bufete sevillano Martínez Escribano Abogados continuará al frente de la asesoría jurídica municipal del Ayuntamiento hasta final de año. Ha sido la firma elegida del proceso de licitación que inició el gobierno municipal a finales del pasado mes para reforzar a este departamento al entenderse que no cuente con los efectivos necesarios para la carga de trabajo que tiene.

Esta firma asumirá el grueso de la defensa de los intereses municipales ante los tribunales aunque la asesoría jurídica mantendrá la labor de coordinación y tendrá potestad para decidir los casos en los que no delegará la representación. No obstante, el despacho de Martínez Escribano lleva ejerciendo esta función desde el pasado mes de marzo mediante un proceso de licitación por un importe que rondó los 21.000 euros. También fue beneficiaria de otra adjudicación para que hiciera una valoración jurídica sobre el proceso de readmisión de afectados del ERE municipal que costó unos 14.500 euros, aunque no fue concluyente ya que el Ayuntamiento buscó nuevos informes tanto externos como internos.

Ahora, el precio de licitación ha sido de 35.000 euros y tendrá la encomienda hasta finales de año, aunque sus trabajos se podrán prorrogar en aquellos casos que se considere oportuno. La elección de este bufete se aprobó en una junta de gobierno celebrada la semana pasada, aunque la contratación está pendiente de los trámites burocráticos pertinentes.

En este proceso de licitación se sacaron a concurso dos lotes, que han recaído en el mismo bufete. El primero de ellos es para llevar la representación del Ayuntamiento, del personal municipal, del gobierno y de los miembros de la corporación en todos los órdenes judiciales (contencioso, social, penal, civil y mercantil). El segundo es la contratación de la asesoría jurídica en materia de recursos humanos. Además, se le permitirá participar en la defensa municipal de los expedientes sancionadores que abran otras administraciones públicas contra el Ayuntamiento.

Cuando este medio avanzó a finales de agosto el proceso de contratación, fuentes del gobierno argumentaron la necesidad de reforzar la asesoría jurídica municipal debido al notable incremento de trabajo frente a las bajas y traslados de empleados que se había producido en este departamento. Para justificar la contratación, el Ayuntamiento sostiene que el pasado año tuvo que intervenir en 337 procedimientos judiciales, 17 más de los afrontados en 2015. Casi la mitad de estos casos fue en la vía contencioso-administrativa mientras que los asuntos en la jurisdicción social (85) y en la penal

(55) le siguieron en número. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que afrontar una veintena de demandas civiles y cuatro procedimientos en los juzgados de lo mercantil.