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Facua Cádiz vuelve a denunciar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de los comedores escolares

Comedor escolar de un colegio público.

Comedor escolar de un colegio público.

Tras el inicio del nuevo curso escolar, un importante número de padres, madres y tutores de alumnos de centros escolares públicos ha contactado con Facua Cádiz para trasladar su malestar por las deficiencias de este servicio y por las condiciones que la empresa concesionaria les impone para poder hacer uso del mismo.

Concretamente, los usuarios se quejan por la calidad de la comida que se sirve a los alumnos, por la obligación de comunicar a la empresa las ausencias con tres días de antelación para no tener que abonar el importe correspondiente y por la necesidad de tener que aportar un justificante de asistencia a consulta médica para poder acreditar la falta de asistencia por enfermedad y, de esta forma, poder recuperar el dinero correspondiente a los días que el alumno no utilice el servicio.

En relación con la falta de calidad del servicio, Facua Cádiz aconseja a los usuarios que interpongan una queja contra la empresa que gestione el comedor del centro escolar ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para lo que pueden utilizar el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

La presentación de la queja puede realizarse a través de internet, para lo que es preciso disponer de certificado digital, o presencialmente en cualquiera de los registros dependientes de la administración autonómica (Delegaciones Territoriales de las Consejerías, Delegaciones del Gobierno, y agencias de la Junta de Andalucía).

En cuanto a las denuncias que Facua Cádiz está recibiendo por las condiciones del contrato del servicio, esta organización recuerda que el pasado curso denunció ante la Delegación en nuestra provincia de dicha Consejería la inclusión de una serie de cláusulas que considera abusivas. Dicha Delegación tardó casi un año en contestar a la denuncia de Facua Cádiz para lo que, además, esta organización tuvo que requerir la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz. En su respuesta, la Consejería negó el carácter abusivo de las cláusulas denunciadas.

Facua Cádiz ha vuelto a dirigirse a la Consejería reiterándole que considera abusiva la imposición de tener que comunicar a la empresa las ausencias con tres días de antelación para poder recuperar el dinero del servicio, lo que impide la posibilidad de cancelar el servicio por causas sobrevenidas de forma imprevista sin perder el dinero abonado.

A tal efecto, la asociación señala que el artículo 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios califica como abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato y, particularmente, las que permitan al empresario la retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, y que el artículo 88.1 de la misma norma también considera como abusiva la imposición al consumidor de garantías desproporcionadas al riesgo asumido por el empresario.

En cuanto a la necesidad de justificar las ausencias por enfermedad del alumno, Facua Cádiz advierte que la empresa concesionaria no puede exigir un certificado de asistencia a consulta, por lo que debe admitir la presentación del resguardo de solicitud de la cita con el médico o especialista. En caso de haber solicitado la cita a través de la aplicación 'Salud Responde', la empresa incluso debe aceptar la presentación de una captura de pantalla que acredite la petición de la cita.

Modelo fallido

Facua Cádiz considera que la raíz de los problemas que padecen los padres, madres y tutores cuyos hijos utilizan los comedores escolares se encuentra en el modelo de gestión de este servicio (la concesión a una empresa privada) que, a juicio de esta organización, impide que la administración disponga de un control efectivo sobre su prestación, de forma que no se está supervisando si las empresas concesionarias cumplen o no con las condiciones acordadas en el pliego concesión.

Por ello, la asociación considera necesario que la Junta de Andalucía modifique la forma en la que se presta este servicio, pasando a gestionarlo directamente, de forma que se incluya entre las competencias de  los órganos de dirección de cada centro escolar.

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