La Fiscalía solicita cinco años de prisión, concretamente cuatro años y nueve meses, a los nueve acusados de estafa en el caso que se conoció en Jerez como el caso 'Bull Forex'. En dicho caso las víctimas confiaban a sus ahorros a una serie de inversores para que los multiplicaran trabajando con divisas extranjeras. Al final, un total de 154 personas (casi todas ellas vecinas de Jerez) perdieron sus ahorros y denunciaron los hechos. Todo ello aconteció en 2011, es decir hace cinco años, y en un primer momento los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía sospecharon de los "insensatos" beneficios que anunciaban para captar ahorradores.

Cinco años después y tras una ardua investigación los hechos están un poco más cerca de poder ser juzgados, algo que a buen seguro tendrá lugar a lo largo del año entrante.

La Fiscalía ya ha realizado su escrito de acusación en el que considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa con carácter continuado, el cual, como es sabido, está penado en los artículos 248, 249, 250 (punto quinto) y 74 del actual Código Penal.

Para la Fiscalía "no concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal" por lo que "procede imponer, a cada acusado, la pena de 4 años y 9 meses de prisión, accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 10 meses a razón de 6 euros diarios (lo que supone 1.800 euros en total), responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas del proceso judicial".

Los acusados por este caso son José Antonio D. C.; Vanesa L. A.; Octavio R. G.; Juan Manuel J. V.; Sergio Á. C.; Mateo B. S.; Sergio A. M.; Juan Jesús C. F.; y Francisco Javier M. P., todos ellos mayores de edad.

Según se apunta desde el Ministerio Público, todos ellos, "puestos de común acuerdo y con ánimo de ilícito beneficio y en una fecha no determinada pero en todo caso con anterioridad a 2009, y sin estar dados de alta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dando apariencia de ser inversores profesionales, lograron que numerosas personas, en concreto a través de amigos y familiares, les entregaran, algunos en efectivo y otros tras suscribir previa póliza de préstamo, cantidades de dinero, a los fines de destinarlas a posteriores inversiones en el mercado "forex" o en entidades dedicadas a la inversión en bolsa".

Es especialmente reseñable que las empresas a las que se les confiaba las cantidades en deposito a la espera de obtener beneficios operaban mediante el llamado 'Esquema Ponzi', más tristemente conocido como la base de la estafa piramidal.

Todo ello provocó que, siempre según bajo la versión de la Fiscalía, los acusados llegaran a reintegrar a los primeros inversores lo aportado y los intereses con cargo siempre a las nuevas inversiones de nuevos clientes, "hasta que ante la numerosa cartera de clientes conseguida por los acusados, éstos dejaron de invertir las cantidades depositadas y de reintegrar cantidad alguna".

"Para ello, José Antonio D. C., en febrero de 2009, constituyó la empresa 'Bull Forex' en Jerez, la cual fue inscrita incluso en el Registro Mercantil Central con objeto social "turístico", según escritura de constitución, pero sin autorización del Mercado de Valores".

Es reseñable que tres de los acusados actuaban como comerciales. Son los casos de Octavio R. G.; Juan Manuel J. V. y Sergio Á. C., quienes se dedicaban a captar clientes. "Las cantidades que los acusados lograban adquirir las ingresaban en una entidad bancaria, concretamente en la cuenta de la acusada Vanesa L. A., que es pareja del también acusado José Antonio D. C.".

La Fiscalía considera que posteriormente, "algunas de las cantidades ingresadas eran invertidas por los 'traders', que eran los acusados Mateo B. S.; Sergio A. M. y Juan Jesús C. F.. Lo hacían en empresas de inversión intermediarias en Internet de las que si estaban autorizadas, y ello a sabiendas de que las condiciones pactadas con los clientes no podrían ser cumplidas, llegando a invertir un máximo de 120.000 euros cuando en realidad las cantidades invertidas eran mucho mayores".

Por su parte, el acusado Francisco Javier M. P., "a sabiendas, se dedicó al control de la labor de los inversores, gestionando y disponiendo de las cuentas de la empresa. Los acusados lograron adquirir entre los años 2009 y 2010 un montante aproximado de 1.108.800 euros con el consiguiente perjuicio para los inversores" que confiaron en ellos.