La Fiscalía ha abierto diligencias por las contrataciones que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía tramitó de emergencia unas obras de mejoras en dos carreteras de la provincia, un tramo de la autovía Jerez-Sanlúcar (A-480) y otro de la carretera convencional que unen Chiclana con Medina (A-390). Ambas fueron ejecutadas por la empresa Obras Civiles y Edificación Barveal SL, domiciliada en Guadalcacín.

Según ha informado este jueves el diario El País, la Fiscalía de Sevilla ha iniciado una investigación tras una denuncia presentada por el PSOE, que ya puso en duda esta adjudicación en el Parlamento andaluz el pasado mes de marzo. La indagación está siendo realizada por la sede sevillana del ministerio público ya que el proceso de licitación fue realizado por la Consejería de Fomento, que tiene su sede en Sevilla.

Fue a mediados de enero cuando el organismo autonómico adjudicó una actuación de reparación en la A-480 por un importe de 2,3 millones de euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Mientras, los arreglos en la A-390 se contrataron a finales del año pasado por un coste de unos 980.000 euros aproximadamente. En ambos casos se tramitaron de emergencia.

A mediados de mayo, el PSOE presentó una denuncia en la Fiscalía donde solicitaba que se investigase estas dos adjudicaciones y una tercera a una empresa vinculada con esta sociedad (esta última para una actuación de mejora de la carretera que une Jédula con Junta de los Ríos, en Arcos). 

En ese momento, el PSOE denunció que la compañía adjudicataria ni figuraba inscrita en el registro de licitadores de la Junta ni tenía acreditada solvencia. De hecho, se afirmó entonces que, para la ejecución de estos trabajos, había subcontratado a otras empresas, una circunstancia que los pliegos de condiciones que regularon esta licitación no contemplaban. Según se recoge en la plataforma de contratación del organismo autonómico, se analizaron las ofertas de nueve licitadores al proceso de adjudicación de los arreglos de la autovía Jerez-Sanlúcar y otros nueve en la Chiclana-Medina (tal y como marca este tipo de licitaciones fueron invitados por la propia Consejería a presentar ofertas.

Desde que se conoció la denuncia del PSOE, la Junta de Andalucía ha defendido el procedimiento seguido y negando cualquier tipo de irregularidad asegurando que las obras se ejecutaron dentro de los plazos previstos y que se tramitaron por la vía de emergencia ya que así lo permite la Ley de Contratos del Sector Público. Además, afirmó entonces que tampoco era necesario que una empresa esté inscrita en el registro de licitadores para poder ejecutar una obra de emergencia.

Una empresa no inscrita en el registro de licitadores

En su denuncia, el PSOE cuestiona que estas actuaciones se hubieran tramitado de emergencia cuando los desperfectos en estas carreteras no estaban provocados por "acontecimientos catastróficos" sino que eran "actuaciones urgentes o necesarias" provocadas por una "mala conservación preventiva de las mismas".

Por otro lado, la formación socialista también advertía en su denuncia ante la Fiscalía que Obras Civiles y Edificación Barveal SL "no se encuentra inscrita ni en el registro de licitadores de la Junta de Andalucía, ni en el del Estado, no constando que posea clasificación habilitante alguna". Mientras, de la otra sociedad señalaba que, aunque está en este registro," no posee las clasificaciones para los contratos adjudicados". 

La denuncia socialista iba dirigida contra la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, y dos altos responsables del departamento de carreteras de la Consejería.