La directora general de Industria Agroalimentaria y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Almudena Rodríguez, se mostró ayer moderadamente optimista acerca de que la Unión Europea (UE) mantenga en la OCM del vino actualmente en trámite las ayudas a la destilación de alcohol para uso de boca de manera transitoria, tal y como establece la de Frutas y Hortalizas. El mantenimiento de estas ayudas es muy importante para que el brandy mantenga su competitividad frente a otras bebidas destiladas.

Rodríguez, que hizo estas declaraciones a la conclusión de la Conferencia de Consejos Reguladores celebrada ayer en Jerez, calificó de "fundamentales" la pervivencia de dichas ayudas y mostró su confianza y consideró que la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, aceptará un modelo similar al de las frutas y hortalizas para que dichas aportaciones se adapten a "ayudas por hectárea".

En presencia de los representantes de 65 consejos reguladores, Almudena Rodríguez señaló que para España es "una prioridad" que el dinero que se destina a la destilación de alcohol para uso de boca se siga destinando a ese sector "de la manera que sea", a la vez de advertir del peligro que supondrá para el equilibrio del sector que buena parte del vino que hoy en día se destila para brandy, encabezar vinos generosos u otros usos acudiera también al mercado.

Rodríguez admitió que la reforma de la OCM del Vino podría permitir la chaptalización -añadido de azúcar para subir la graduación de los mostos-, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países miembros de la UE, con las excepciones de España, Portugal y Grecia. Lo que sí parece que se va a conseguir es que el grado alcohólico mínimo natural sea más alto para evitar una excesiva subida artificial.

La directora advirtió en su intervención de que las negociaciones se mantienen todavía abiertas, por lo que es posible que el documento final de reforma de la OCM sufra modificaciones hasta el último momento del proceso negociador.

Tanto el Ministerio como los consejos reguladores coinciden en la necesidad de permitir la promoción de los vinos en el mercado interior, ya que casi un 70 por ciento de las exportaciones tienen como destino países miembros de la UE, que a veces deben competir con productos de Australia, Chile o Argentina en condiciones desfavorables.

Según el Ministerio de Agricultura, a España le acompañan en esta reivindicación muchos países miembros de la UE, por lo que Fischer Boel "se está pensando" permitir que las ayudas que se ofrecen a la promoción pueda ser utilizada en estos mercados.

En cuanto a la ampliación de las superficies de cultivo, el Gobierno español defiende que sean las propias denominaciones de origen las que procedan a su regulación, abogando por un crecimiento "ordenado y controlado" que evite que se pueda ver mermada la calidad final del producto.

Para el presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, Fernando Prieto, la "liberalización" de las plantaciones podría traer consigo una gran "deslocalización de viñedos e industrias", lo que supondría un "agravio comparativo" para quienes han precisado hasta ahora de derechos de plantación.