La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril han criticado que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias haya decidido suprimir el servicio de gestión de penas y medidas alternativas (Sgpma) así como el servicio social penitenciario que existía en la capital gaditana, centralizando estas unidades en Jerez. Según estos colectivos estas medidas son consecuencia de los recortes y las sufrirán las personas con menos recursos de toda la Bahía y la Janda "ya que deberán trasladarse a Jerez para realizar las numerosas gestiones relacionadas con la estancia en prisión".

El Sgpma, según recuerdan, es la unidad administrativa encargada de hacer efectivo un mandato judicial de una medida alternativa a la prisión y está dirigida a personas que cometen delitos de escasa entidad por primera vez, que carecen de antecedentes penales o que, aun teniéndolos o habiendo cometidos delitos más graves, se encuentran en un proceso de reinserción social que el juez estima como favorable y que se vería truncado por el ingreso en prisión. En la provincia existen tres unidades: en Cádiz, Algeciras y Jerez. La primera está compuesta por un jefe de servicios sociales, un psicólogo, tres trabajadores sociales y dos funcionarios, y atiende los expedientes de las poblaciones de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes, Benalup, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules.

Según detallan ambas organizaciones, a pesar de los numerosos talleres de sensibilización vial, violencia de género, trabajos en beneficio de la comunidad, programas de drogadicción y salud mental puestos en marcha, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido "sin tener en cuenta todos estos datos, suprimir el servicio en Cádiz y hacer que las personas afectadas tengan que trasladarse a la unidad de Jerez para poder acceder y realizar las muchas y habituales gestiones ante el mismo". A esto se suma -agregan- el traslado a Jerez de los Servicios Sociales Penitenciarios, "encargados de las reuniones y asistencia a familiares para los informes para la tramitación de los terceros grados y de la libertad condicional, así como el seguimiento y evaluación de dicho presos".

Sostienen ambas entidades sociales que tanto en un caso como en otro ahora familiares y presos de toda la Bahía y Janda tienen que trasladarse a Jerez, a las instalaciones situadas en la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz, "un lugar sin acceso de servicios de transporte público accesible, lo cual agrava la situación de las personas que tienen que hacer uso de estos servicios que normalmente son personas con muchas dificultades sociales y económicas".

La Federación 5 de Abril y la Apdha han elevado su queja y protesta a Instituciones Penitencias, al Defensor del Pueblo Andaluz, a la parlamentaria del PP por Cádiz Teófila Martínez, y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria "esperando que entre todos sean capaz de paralizar un nuevo atropello en esta provincia del derecho de acceso de las personas a la justicia".