Jerez es el municipio de la provincia con más demandantes del salario social

La Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta tiene previsto ingresar hasta 18 millones de euros (de los que sólo ha pagado 10 millones a falta de dos meses para acabar el año) a casi 9.000 familias en situación de marginalidad, desigualdad o exclusión social de la provincia, que han demandado el ingreso mínimo de solidaridad o salario social. Esta prestación, que está en marcha desde 1990, ha experimentado un incremento en los últimos años por la situación de crisis económica y del año pasado a este, las unidades familiares demandantes en la provincia. han pasado de 3.582 a las 8.996 en lo que llevamos de año. Jerez, con 2.188 familias beneficiarias es la población donde ha habido más demandantes, seguida de Chiclana con 995, Algeciras con 821 y Cádiz con 606.

Según destacaron ayer tanto la delegada provincial de Igualdad, Miriam Alconchel, como el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, de estas cifras se saca el dato positivo "del compromiso" de la administración andaluza con estas personas, pero lamentaron "el incremento de la necesidad" en la provincia y Andalucía. "En las últimas ocho comisiones que hemos celebrado para aprobar estas prestaciones hemos ido multiplicando las familias y sólo la semana pasada aprobamos ayudas por valor de 5,7 millones", apuntó López Gil.

Alconchel explicó que esta "importante inversión" es una acción de la Junta que tiene como finalidad superar las situaciones de marginalidad y desigualdad entre la población andaluza y se enmarca en el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginalidad y Desigualdad. La renta consiste en una prestación económica mensual del 62% del salario mínimo interprofesional incrementada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que se acoge a esta solicitud hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional.

Las familias susceptibles de obtener esta prestación deben estar constituidas de forma estable, con un año de antelación como mínimo a la fecha de presentación de la solicitud; todos sus miembros deben estar empadronados en Andalucía un año antes de presentar la solicitud y disponer de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad. Una comisión provincial de valoración evalúa las solicitudes presentadas y la formulación de las correspondientes propuestas de resolución. Esta comisión está presidida por el delegado del Gobierno y está compuesta por otros representantes de la Junta, así como por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía.

La Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social se ha comprometido a atender toda la demanda de solicitudes de ingreso mínimo de solidaridad. Para ello, la Junta ha incrementado el presupuesto destinado a esta ayuda en un 11,35% respecto al año anterior. El año que viene se prevé que para la provincia de Cádiz sea necesaria la inversión de hasta 23 millones de euros, un 30% más.