Este martes se está celebrando en la Audiencia Nacional la segunda jornada de la vista oral contra los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, fallecido en 2015, por la emisión de pagarés de Nueva Rumasa. En esta sesión se han realizado las primeras declaraciones a los acusados, concretamente a tres de los seis hijos.

El primero en declarar fue el hijo menor de la familia, Álvaro Ruiz-Mateos, quien negó cualquier implicación en la gestión de las sociedades del grupo, incidiendo en que la toma de decisión era exclusivamente de su padre, una defensa esgrimida por todos los acusados desde que se iniciaron las primeras investigaciones sobre esta estafa.

Para empezar, a preguntas de la Fiscalía, negó que conociera que tuviera cargos de responsabilidad en algunas de las sociedades del grupo a pesar de que sus nombramientos estaban inscritos en el Registro Mercantil. De hecho, afirmó que algunos de estos puestos los conoció al ver los documentos en el sumario judicial. Tras asegurar que en Nueva Rumasa “no había cargos”, se presentó como “un empleado más de tantos miles” que tenía el ‘holding’. Incluso, negó que fuera “consejero” del grupo Rumasa, un cargo que asegura que no existía, a pesar de que apareció publicado como tal en algunas publicidades realizadas el grupo en medios de comunicación a finales de la primera década de este siglo.

Asimismo, negó toda responsabilidad en la gestión de las empresas y en la decisión de financiarse mediante la emisión de pagarés. “Mi padre funcionaba como propietario. Él era quien decidía y ejecutaba”, reiteró en varias ocasiones. Es más, y aunque su nombre apareciera en algunos documentos, tanto de gestión de las sociedades como de cartas dirigidas a inversores, negó que sea su firma la que aparece en ellos.

Incluso, negó que conociera la situación real de las sociedades a pesar de ostentar cargos en sus sociedades porque las mercantiles “tenían su cuerpo ejecutivo y su dirección profesional” de las que aseguró que él no formaba parte. En este sentido, aseguró que su labor se centraba en la expansión comercial internacional del grupo, fundamentalmente de las marcas Trapa y Elgorriaga, aunque no participaba de su gestión.

"Las decisiones las adoptaba él"

También declaró Zoilo Ruiz-Mateos quien también se desvinculó de la gestión de las sociedades del empresario señalando que su labor se centraba en “coordinar los pleitos” que la familia tenía con el Estado por la expropiación de Rumasa por parte del Estado en 1982. De hecho, aseguró a preguntas de la Fiscalía que los asuntos legales de las empresas del grupo estaban en manos de despachos como el de Joaquín Yvancos y que el papel de sus hermanos y él era de "meros empleados" dentro de las compañías.

Aunque reconoció que fue nombrado administrador de algunas empresas del grupo, sí negó que tuviera algún tipo de papel en su gestión, centrándola toda en su padre, incluida la emisión de pagarés para obtener financiación. “A mí me nombró él y yo lo acaté”, alegó. A pesar de que su firma aparecía en algunos documentos oficiales de estas sociedades, señaló que los firmó en la “confianza que tenía hacia su padre”, pero que desconocía su situación económica. “Yo tenía admiración y confianza plena en él. Él creó Rumasa de la nada y acabó haciendo un imperio. Lo admiraba como padre y como empresario, pero las decisiones las adoptaba él”, agregó. Acto seguido, apostilló: “Mi opinión no contaba un duro. Él [su padre] decidía y ejecutaba”.

El último acusado en declarar ha sido José María Ruiz-Mateos Rivero que alegó que "jamás" ha ostentando "ningún cargo como administrador o apoderado de cualquier tipo de las empresas, sociedades emisoras de pagares, ni de ninguna de las receptoras". Además, explicó al tribunal que su padre, "como dueño único de todas las empresas del grupo, tenía un consejo de asesores, personas de muchísima confianza y de un gran prestigio profesional". "Nosotros no teníamos ni esa experiencia, ni ese bagaje ni esos conocimientos. Nosotros, digamos, éramos hijos del dueño", indicó. 

En esta segunda sesión, rehusaron declarar en este momento del juicio Iván Losada Castel, Alfonso Barón Rivero, Ricardo Álvarez Castaño, Ángel del Cabo Sanz, Manuel Sánchez Marín y Fernando Juan Lavernia, entre otros. Eso sí, podrán hacerlo al final de las sesiones de prueba del juicio.

En el banquillo de los acusados están los seis hijos varones del empresario para los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. También están acusados por los mismos delitos de los hijos del empresario los familiares Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, para la que el ministerio público solicita 15 años de prisión.

Además, están acusados por estafa y blanqueo de capitales los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín y José Ramón Romero (este último también por un delito contra la hacienda pública); y por estafa, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño. También están acusados por alzamiento de bienes a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada.