El gobierno local de Jerez se apresuró ayer en desvincularse de las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de Gestión Circuito de Jerez SL, la anterior concesionaria del trazado de velocidad, e insistió en que el Ayuntamiento está colaborando con la investigación realizada tanto por la Fiscalía Provincial como por la Udyco de la Policía Nacional que, tal y como publicó ayer este periódico, solicitó a la empresa pública Circuito de Jerez SA (Cirjesa) diversa documentación relacionada con los anteriores gestores.

María José García-Pelayo, alcaldesa y presidenta de la sociedad, que está participada en un 68% por el Ayuntamiento -el resto está en manos de la Junta-, confirmó que ha enviado a la Fiscalía el contrato suscrito en 1996 por el que Gestión Circuito de Jerez se hizo con la explotación de las instalaciones y la prórroga de este acuerdo suscrita en marzo de 2003. Asimismo, le requirió datos del volumen de público e ingresos generados por las competiciones y entrenamientos tanto de motociclismo como de Fórmula 1 que albergó el recinto entre 2009 y 2011 y el contrato de explotación con la sociedad Velocidad C Jerez SL, que estuvo vigente entre finales de 2011 y mediados de 2012. Mientras, la Udyco le reclamó información sobre el aforo máximo del trazado y el público que asistió a los grandes premios de motociclismo esos tres años así como los sistemas de control de accesos, aunque la regidora señaló al respecto que carecen de datos de la afluencia de aficionados durante esos años.

En este sentido, la alcaldesa advirtió que la información que tiene el Ayuntamiento está limitada al no haber gestionado directamente el trazado durante esos años por un contrato con unas condiciones que calificó de "abusivas". García-Pelayo anunció que en el caso de que estas pesquisas adviertan de posibles responsabilidades de los anteriores responsables o de perjuicios a la sociedad pública se "exigirán las responsabilidades oportunas".

Por su parte, el delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, apuntó que el organismo autonómico "se pondrá del lado de la investigación para saber en qué afecta al dinero público" las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del circuito. López Gil aseguró que desconocía la existencia de esta investigación y también desvinculó a la Junta de la gestión durante los años investigados ya que en ese periodo la explotación estaba cedida a una empresa privada.