La Junta de Andalucía ha cerrado el protocolo abierto a finales del pasado mes de septiembre en el IES Elena García Armada tras el incidente ocurrido con un alumno, que hirió a varias personas con dos cuchillos. En su informe, se reconoce que no ha habido acoso escolar, a pesar de que muchos de sus compañeros de clase reconocieron públicamente que el presunto autor de los hechos sufría vejaciones y continuas bromas por parte de otros alumnos.

El anuncio de la noticia lo ha hecho a este medio la Federación de Asociaciones TEA/Asperger en Andalucía, que ha mostrado su malestar con la decisión, ya que consideran que una vez más se ha criminalizado al menor sin importarle todo lo que rodea a la situación. De hecho, a través de las redes sociales han reconocido que "se ríen en nuestra cara. El centro es juez y parte, mientras el chico, en centro penitenciario y todos tan tranquilos".

La familia del alumno, por su parte, ha asegurado que no está de acuerdo con dicho informe, y ha firmado como no conforme.  

La decisión ha vuelto a abrir el debate sobre si los centros educativos de Andalucía están preparados para abordar determinadas situaciones, entre ellas las relacionadas con estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En Jerez, por ejemplo, existen institutos con 650 u 800 alumnos que sólo cuentan con un orientador, un hecho que pone de manifiesto, tal y como denuncian casi a diario las asociaciones de padres y madres de alumnos u otros colectivos como Marea Verde, la necesidad de una remodelación en este aspecto.