"Una situación provisional". Así calificó ayer el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, la adaptación actual del antiguo hotel Ávila, utilizado por la Junta como lugar de acogida de menores inmigrantes, que ha generado numerosas quejas entre los vecinos de la zona donde aseguran que se han producido altercados y peleas entre los chavales. Belizón apuntó en una rueda de prensa en el hospital de Jerez que la "migración este verano ha sido brutal y se han desbordado todos los centros que teníamos de menores, en este caso, no acompañados. El trabajo que ha hecho la Consejería de Igualdad ha sido encomiable. Ha habido una sobrepoblación de 4.500 menores y, ¿quién resuelve eso en dos meses? Los menores no están retenidos como en un centro penitenciario pero la obligación de la Junta es su tutela y lo hacemos de la mejor manera posible. Somos puerta de entrada pero no por eso tenemos que soportar todo el peso de la situación. Ya hemos pedido la cuota de solidaridad compartida del resto de las comunidades autónomas. Hemos soportado demasiado aunque seamos un pueblo muy solidario".

Por su parte, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, subrayó que los Servicios de Protección de Menores "están en contacto con los diversos centros de emergencia que tenemos en la provincia y en ese sentido, siento discrepar pero no hemos tenido noticias de problemas al respecto en el hotel Ávila, pero si surgieran, estaríamos ahí para solventarlos".

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas,, hizo referencia ayer a dichas quejas y apuntó que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación sobre el cambio de uso del hotel. "No sabemos si es en este caso aquí hay un cambio de uso o es un asunto coyuntural. Habrá que ver qué proceso va a llevar esta cuestión que yo creo que en este momento es de auxilio inmediato". Camas apuntó que este edificio estaba disponible y se ha hecho uso de él de forma puntual y que no se trata de una residencia permanente a la que se le tenga que conceder una licencia, y por la que se haya que comunicar a los vecinos e interesados en general ese cambio de uso.