La Junta considera viable que las pedanías puedan recibir transferencias económicas autonómicas, tal y como reciben los ayuntamientos -es la llamada Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma)-. Eso sí, se hace necesario que haya un "consenso" entre todas las formaciones para modificar la normativa que regula estos ingresos, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, una decisión que podría beneficiar, entre otras, a las siete entidades locales autónomas que tiene Jerez (Guadalcacín, La Barca, El Torno, Torrecera, San Isidro, Nueva Jarilla y Estella).

Esto fue apuntado ayer por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en una comparecencia parlamentaria donde fue preguntado por esta posibilidad por parte del Partido Popular e Izquierda Unida. El también consejero de Presidencia y y Administración Local explicó que ya se han celebrado reuniones con la asociación que representa a las entidades locales en este sentido y que el organismo autonómico "no tiene inconveniente" en que fructifique esta iniciativa, aunque incidió en la necesidad de que sea apoyada por todos los grupos para que pueda superar la tramitación parlamentaria, aunque no hay plazos por el momento.

No obstante, señaló que también habría que tener en cuenta "caso por caso" para evitar que esto afecte a los ingresos que reciben los ayuntamientos matrices y emplazó a todos a alcanzar "un acuerdo lo más amplio posible" en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Además, instó al PP a que promueva a nivel nacional otro cambio normativo para que estas entidades también puedan optar a recibir ingresos estatales (la llamada PIE).

Actualmente, cada ayuntamiento fija la fórmula para aportar ingresos a sus pedanías, que no tienen competencia para recaudar impuestos. En el caso de Jerez, a finales del pasado mandato se propusieron tres fórmulas de financiación entre las que se incluía la posibilidad de que puedan percibir parte de los ingresos por tributos públicos y las transferencias del Estado y la Junta en función de su población.

En la comparecencia del consejero, intervinieron los distintos grupos que tienen representación en el Parlamento. Ana Mestre (PP) pidió al responsable autonómico que concrete los plazos para esta modificación al entender que "es de justicia". Mientras, Jesús Rodríguez (Podemos) abogó por mantener el "espíritu de consenso" en esta iniciativa e Isabel Albás (Ciudadanos) por trabajar por una financiación más adecuada a estas entidades. Finalmente, Inmaculada Nieto (IU) calificó de "razonable" esta propuesta.