La Ley de Dependencia suma 1.121 nuevos beneficiarios durante 2017

Un total de 1.121 personas se han incorporado durante el pasado año como beneficiarios de la Ley de Dependencia, una cifra con la que, tras el parón que se produjo en 2013 y 2014, se vuelve a los niveles de 2011, antes de que los recortes diesen casi al traste con las expectativas creadas por esta normativa. Desde que comenzó la aplicación de la Ley en 2007, más de 20.000 jerezanos, en concreto, 20.173, han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia, lo que supone cerca de un 10% de la población. En los tres primeros años las solicitudes se dispararon, muy por encima incluso de lo previsto, y seguidamente se produjo un descenso, teniendo en cuenta que buena parte de las personas con un grado de dependencia en aquel momento ya se habían acogido a la Ley. No obstante, las solicitudes siguieron bajando de una forma notable en los ejercicios posteriores coincidiendo con los recortes presupuestarios. Este descenso sólo se explicaría por un retraimiento de las personas dependientes a solicitar cualquier tipo de prestación ante las escasas posibilidades de recibirlas.

La tendencia empieza a cambiar en 2014, cuando las solicitudes vuelven a experimentar un incremento, aunque ese año las resoluciones fueron todavía muy escasas. El pasado año fueron 1.101 jerezanos los que solicitaron acogerse a la ley. A ellos hay que sumar los 835 que pidieron en 2017 la revisión de su grado y nivel de dependencia.

A pesar de esta mejora en la aplicación de la ley, la situación está lejos de ser la idónea. La teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, admite que la lista de espera de personas que han solicitado ser beneficiarias de la Ley de Dependencia en Jerez y no tienen todavía una resolución es cercana a las 1.000, aunque asegura que en el último año el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para aliviar el colapso que existía por falta de recursos humanos. Collado se remite al ERE municipal que afectó, entre otros, a trabajadores sociales, en un momentos en que la crisis se había agudizado y eran muchas las familias que se incorporaban por primera vez a los servicios sociales. "Es cuando se produce el colapso total. Eso repercute en todo, porque los recursos que hay y disminuyen se van a lo urgente y lo prioritario". Collado critica además "el tijeretazo brutal que el Gobierno central pegó a la Ley de Dependencia. Eso provocó un incremento de personas que estaban solicitando su dependencia y no se les resolvía". Asegura que cuando el PSOE entró en el gobierno municipal en 2015, "nos encontramos con una gran cantidad de expedientes, había personas que estaban esperando casi dos años a que se les tramitara la Ley de Dependencia. En 2017 la Junta dijo que esto no podía ser, que se iba a tirar para adelante con recursos propios y a resolver expedientes". Al mismo tiempo les exige a los ayuntamientos que también los reactiven, porque una parte importante de la tramitación está en manos de las administraciones locales. Collado explica que para el Ayuntamiento de Jerez no era tan fácil. La única solución para que los expedientes no se siguiesen acumulando en los servicios sociales era poder contratar a cinco trabajadores sociales, pero después de un año, aún no ha sido posible. "Cuando solucionamos un problema legal sale otro, y mientras tanto, viendo que no se podía esperar más, a los trabajadores que ya están se les propuso incentivarles para que trabajasen fuera de su horario laboral. Y eso es lo que ha hecho que de alguna forma adelantemos, pero no estamos en la mejor situación. No quiero ser falsamente optimista, hemos mejorado evidentemente y ahí están los datos, vamos resolviendo, pero no de la forma que a mi me gustaría". Collado mantiene que al menos, con este trabajo fuera de jornada, se ha conseguido no sólo no incrementar la lista de espera, sino incluso reducirla en 200 personas. Confía en que una vez que se solucionen los problemas legales y se logre contratar a los trabajadores sociales que son necesarios, la situación se normalice.

Los problemas de recursos humanos y económicos han hecho también que el tiempo de espera hasta que se recibe la prestación supere los seis meses que en principio establece la ley. "Ahora se puede tardar de seis u ocho meses a un año, como media, todo ello dependiendo de la urgencia", sostiene Collado.

La aplicación de la Ley de Dependencia no ha estado ajena a la confrontación política entre PSOE y PP, más bien al contrario. Este último partido viene acusando desde hace varios meses a la Junta de tener "estancada" la Ley, por una distribución inadecuada de los recursos públicos. Para el PSOE, es el Gobierno central el que ha puesto zancadillas a la normativa, recortando el porcentaje de dinero con el que deben cofinanciarse las prestaciones. "No entiendo cómo el PP se atreve a hablar de dependencia, porque el Gobierno central no está pagando a las comunidades autónomas lo que le corresponde. Los datos están ahí, por mucho que se quieran maquillar. Están pagando sólo el 30% si es que llega, cuando La ley contempla que el Gobierno central debe costear el 50% de la dependencia y la comunidad autónoma el otro 50%. La Consejería de Políticas Sociales calcula que Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con los que se podría haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia", esgrime Collado, quien lamenta que "el Gobierno de Rajoy quitó a los cuidadores no formales la cotización a la Seguridad Social, que había sido un logro para estas mujeres, que suponen el 80% de los cuidadores".

En el último balance ofrecido por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ésta también acusó al Gobierno central de tratar de dinamitar la Ley de Dependencia y aseguró que en la actualidad sólo aporta un 19%, mientras que el Gobierno andaluz está haciéndose cargo del 81% restante de la financiación de la ley.