Nueve meses en situación de libertad vigilada es la medida que el juez de Menores de la ciudad ha impuesto a una adolescente por un delito de violencia en el ámbito familiar y un delito de malos tratos en el que la principal víctima era su propia madre. Contra la sentencia, dictada recientemente por el magistrado José Miguel Martínez, puede haber sido apelada ya que no es firme.

La menor no llegó a admitir los hechos e incluso en el momento del juicio se declaró no culpable. No obstante, el juez considera probado que desde hacía un tiempo -los hechos se denunciaron el pasado mes de junio- la chica, que iba a cumplir quince años, amenazaba e insultaba de forma habitual a su madre, "habiendo llegado a agredirla en alguna ocasión, causándole con las uñas una pequeña lesión en su brazo izquierdo". En esa fecha, la adolescente había dejado de acudir al centro docente donde cursaba sus estudios, estando ociosa totalmente. La convivencia en el hogar familiar era "totalmente imposible", según se indica en el fallo.

Si en un principio la menor negaba los hechos, luego reconoció que la convivencia con su madre era mala y que discutían con frecuencia. Sí dijo que la había insultado, pero de amenazas, nada, aunque si admitió al final que ambas se habían pegado algunas veces. La situación de la familia de la adolescente tampoco ayudaba puesto que estaba totalmente desestructurada. Si bien, como señala el juez: "esto no justifica la actuación de la menor que no puede tomarse la justicia por su mano".

Como medida cautelar se le había impuesto esa libertad vigilada, algo que ahora se ha vuelto a imponer. En ese tiempo, el comportamiento de la chica había mejorado bastante ya que incluso se había reincorporado a sus clases con regularidad. La menor dejó de vivir con su madre para convivir en el domicilio de su padre, por lo que parece que se ha logrado la finalidad regeneradora de la jurisdicción de menores.