La detención de los dos trabajadores del Hospital Universitario de Puerto Real empieza a tener sentido ahora para algunos de los afectados por el supuesto fraude. Este periódico pudo conocer ayer el testimonio de uno de ellos.

Una mujer detalló lo sucedido en su caso. Hace aproximadamente un año, la Guardia Civil de su localidad -prefiere mantener el anonimato- llamó a su domicilio. Tenía que declarar en el cuartel de Jerez porque, según le dijeron, se había abierto una investigación. El motivo era que alguien había encargado una pierna ortopédica para su marido, valorada en unos 2.000 euros. Lo que no cuadraba a los investigadores es que cuando la mujer conoció este encargo, su marido llevaba varios años muerto. Ahora, hace más de diez. Esta mujer explicó ayer a este periódico que prestó declaración, y pidió que la mantuvieran informada del desarrollo del proceso judicial.

Estas dos detenciones también causaron ayer revuelo y estupor entre los trabajadores del Clínico de Puerto Real. Según pudo saber este periódico, los arrestados eran administrativos, sin categoría para tomar decisiones, y desarrollaban su labor hace unos cuatro años en el departamento de cargos, el que se dedicaba precisamente a contabilizar la relación con las prótesis y las tiendas de ortopedia.

Incluso, las fuentes consultadas explicaron que el propio Hospital anunció entonces que se abría una investigación por posible desvío de fondos en ese departamento. Estos dos empleados fueron apartados de su cargo y, hasta ayer, desarrollaban su trabajo en oficinas de dos especialidades distintas, en consultas específicas del Hospital.

Por lo que respecta al departamento de cargos, las fuentes detallaron que desde entonces prácticamente desapareció, y los servicios que se gestionaban desde allí comenzaron a realizarse con otro método y desde áreas distintas.