Se avecina tormenta, y de las gordas, para el campo de Cádiz. El Ministerio de Agricultura ha vuelto a dar la espalda a los agricultores y ganaderos de la provincia, que de acuerdo con la asignación de los derechos provisionales del pago básico a la renta para sostenibilidad, publicada sobre la bocina, sufrirán una pérdida del 40% de las ayudas de la PAC, muy por encima de entre el 30 y el 35% estimado inicialmente por Asaja-Cádiz.

Tras el análisis de los más de mil expedientes de sus asociados, la organización agraria calcula que el recorte en números redondos ronda los 40 millones de euros anuales para el periodo 2023-2027, el de la aplicación de la nueva PAC, que en caso de prorrogarse hasta 2030 elevaría la pérdida hasta los 320 millones de euros.

El reparto supone un “leñazo tremendo”, un “desastre” que “provocará el cierre de muchas explotaciones”, asegura Pedro Gallardo, presidente de Asaja-Cádiz, quien en las últimas horas ha recibido la llamada de multitud de agricultores que le han anunciado su voluntad de abandonar la actividad a partir del próximo año, y “no lo hacen este porque ya han realizado inversiones y contratado la mano de obra”. 

La publicación en el FEGA de la asignación de los derechos marca el inicio de la tramitación de la nueva PAC, que siembra grandes dudas sobre el futuro inmediato del sector en la provincia, de las más perjudicadas por la “absoluta falta de sensibilidad del Ministerio” con su modelo de agricultura productiva, al que “se pone la puntilla”.

El responsable agrario muestra su “enorme preocupación” ante un escenario que califica de “inasumible” para muchos agricultores y ganaderos que tienen que hacer frente a un recorte del 15% en los derechos del pago básico, al que se suma la pérdida de otro 25% de las ayudas del antiguo pago verde, que según Gallardo, no se compensará, ni de lejos, con los nuevos ecorregímenes, en los que tampoco sale bien parada la provincia.

La única tabla de salvación a la que puede agarrarse la provincia es que el Ministerio presente un nuevo plan estratégico en 2025 que contemple el trasvase de fondos del segundo pilar de la PAC -desarrollo rural- al primer pilar -ayudas directas-.

Sin embargo, el Ministerio ya hizo oídos sordos a la posibilidad de traspasar el 30% de los fondos de uno a otro pilar, como solicitó Asaja-Cádiz en septiembre de 2020 después de que Bruselas autorizara por primera vez esta medida, que habría permitido a España, cuya media de derechos ronda los 165 euros/hectárea, competir en igualdad de condiciones con Francia e Italia, o al menos acercarse a sus medias de entre 250 y 350 euros.

La media española podría haber llegado a 200 euros de esta forma, pero el Ministerio se negó por temor a la oposición de las comunidades autónomas, porque “estos fondos, que es dinero de los agricultores, sirven para fijar la población con medidas como la incorporación de jóvenes agricultores, aunque también se destinan en la realidad a construir pistas de pádel, peluquerías, tanatorios y al pago de nóminas en los Grupos de Desarrollo Rural”.

El presidente de Asaja-Cádiz no descarta la convocatoria de acciones de protesta, que abordarán en una próxima reunión del comité provincial. “El cabreo es tremendo”, subraya Gallardo, quien insta a la Junta de Andalucía a aumentar la presión sobre el Ministerio para reconducir la situación, toda vez que recuerda que las provincias de Sevilla y Córdoba también figuran entre las principales afectadas.

La postura del Ministerio “atenta contra la agricultura productiva, la que genera empleo, inversiones en regadíos...” y ahonda en la renuncia a la soberanía alimentaria para “favorecer la entrada de productos de terceros países que se elaboran con otras reglas del juego –menores costes de producción y menos exigencias de seguridad alimentaria y otras prácticas prohibidas en la UE–, lo que reabre el melón de una acuerdo con Mercosur, que sería más lesivo aún para la agricultura de la provincia y al que Asaja-Cádiz va a poner palos en la rueda”, remacha Gallardo.