El 'Monopoly' de las verduras

Tras la caída del boom inmobiliario, los inversores han tenido que reinventarse el tablero de juego y, sin escrúpulos que valgan, han sustituido los bienes raíces por verduras, cereales, carne… Ahora el 'Monopoly' se juega con alimentos.

Por este motivo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG-, junto a distintas organizaciones de consumidores, han elaborado un documento que analiza y denuncia esta práctica del mercado financiero que está machacando a agricultores y ganaderos, así como produciendo una grave crisis alimentaria mundial.

En el mencionado análisis se hace referencia al desmantelamiento de la Política Agraria Común (PAC) tras la reforma de 2003 y a la liberalización del comercio, como causas que están haciendo más vulnerables a todos los países europeos ante los cambios en los mercados mundiales, debido a su importante comercio agroalimentario.

Asimismo, señala que las últimas reformas de la PAC, basadas en el desacoplamiento de las ayudas y el abandono de la producción, han sido un grave error político, cuyas consecuencias están siendo pagadas por los agricultores, ganaderos y consumidores europeos, a pesar del rechazo elevado que existe a esta estrategia europea.

Y es que, la progresiva eliminación de las políticas de mercado supone precios cada vez más bajos e inestables para la producción, siendo los precios de referencia unos precios mundiales cada vez más volátiles y destructivos para las economías rurales.

Estas políticas están ofreciendo a las multinacionales el control de la alimentación. Todo ello a pesar de que la actual crisis alimentaria demuestra que la agricultura debe salir fuera de las negociaciones de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdos bilaterales.

Desde mediados de 2010, viene produciéndose una nueva crisis alimentaria mundial producida por la subida espectacular de algunas materias primas agrícolas, así como de los costes de la producción agraria. En la última parte de 2010 y primer trimestre de 2011 hemos asistido a un marcado crecimiento de los precios y las cotizaciones de las materias primas agrícolas. Así, los precios del trigo, por ejemplo, han pasado de 150 euros/tonelada en junio de 2010 a 288 euros en junio de 2011. De igual forma, durante el mismo periodo, los precios de la cebada en origen han pasado de 120 euros/tonelada a 246 euros.

Entidades como el Banco Mundial, la Naciones Unidas, la FAO, Unicef o el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la Naciones Unidas han identificado a la especulación alimentaria como una de las causas más importantes de esta crisis. "La alimentación es un derecho humano y debemos exigir que los mercados financieros no coticen con ese derecho como si de juguete se tratara para el lucro desmesurado de unos y el empobrecimiento de la mayoría", han afirmado.

El actual desequilibrio de la cadena agroalimentaria por la posición negociadora dominante de las grandes empresas de distribución agroalimentaria (reconocida por la Comisión Europea en su informe sobre la cadena de valor de finales de 2009 y por el resto de instituciones europeas y nacionales) está teniendo graves consecuencias en nuestra sociedad.

La creciente desaparición de agricultores y ganaderos, la falta de inversión y crecimiento del sector de la industria agroalimentaria, la falta de eficiencia, competitividad, innovación y desarrollo en la cadena de valor, el cierre definitivo de establecimientos de venta tradicionales y especializados y la pérdida de variedad y calidad de los productos que puede encontrar el consumidor en los establecimientos de compra, son consecuencias de ello.

El sector agrario viene realizando desde hace muchos años un esfuerzo por adaptarse a las exigencias de los sistemas normativos que mejoran la garantía de derechos de los consumidores (seguridad alimentaria, trazabilidad) e innovador sin precedentes (desarrollo de productos de 4ª gama, modernización, sostenibilidad ambiental de los procesos, adecuación de la producción a las demandas del consumidor o a las imposiciones de la distribución, etc.), teniendo incluso que competir cada vez más con producciones que vienen de países de fuera de la Unión Europea, donde las controles son mucho menos exigentes que los europeos. La apuesta por los productos locales y mercados de proximidad debe ser mucho más firme.

Sin embargo, la supuesta "guerra de precios" abierta en los últimos años para adaptarse a la crisis económica por parte de las empresas de la distribución agroalimentaria, hace que las bajadas de precios al consumo sean trasladadas automáticamente a sus proveedores, generando una presión cada vez más fuerte sobre éstos y provocando su traslado a eslabones anteriores de la cadena o su salida del mercado a corto o medio plazo. La evolución que han seguido los precios en origen de los productos agroalimentarios en los últimos años está cada vez más distanciada de la de los precios que pagan los consumidores por los alimentos, es decir, los consumidores pagan cada vez más por productos que compran mientras los agricultores cobran a precios de hace 20 años.

El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), elaborado mensualmente por COAG y las organizaciones de consumidores UCE y CEACCU desde 2008, pone de relieve que los diferenciales de precios en la cadena agroalimentaria se mantienen de media por encima del 450%, fundamentalmente por la tendencia a la baja de los precios en el campo y por la posición de abuso de la gran distribución, que sigue sin trasladar al precio final de los alimentos las variaciones en origen. En el último año, el IPOD refleja un incremento de los márgenes comerciales ha sido del 24%.