Montealegre estaba llamada a ser una de las grandes zonas de expansión residencial del este de la ciudad. Sin embargo, una cuestionable gestión durante estos años, que conllevó que la Justicia anulara la tramitación urbanística seguida, ha dejado estos suelos en un limbo de compleja solución.

Ahora, el gobierno local ha iniciado los trámites para intentar desbloquear esta situación. El camino es largo porque no hay otra alternativa que empezar a trabajar en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre estos terrenos, es decir, un volver a empezar para una extensión de más de 1,6 millones de metros cuadrados donde se proyectaron más de 1.300 viviendas. Una vez cambie el planeamiento, se tendrán que aprobar las figuras urbanísticas pertinentes por lo que el camino se antoja largo antes de que se pueda acometer la urbanización.

Pero son muchas dudas y aspectos por cerrar no solo en la vertiente administrativa sino en la situación que afecta a los propietarios. Antes de que la Justicia determinara la nulidad de los instrumentos de ordenación de estos suelos, se procedió a seguir los trámites pertinentes para su urbanización. Se aprobaron las figuras de planeamiento, se creó la junta de compensación y se empezaron a exigir a los propietarios el pago de su parte alícuota de cargas urbanísticas, aunque también surgieron importantes discrepancias entre los dueños que ha sido el germen de la controversia judicial. Incluso, algunos vieron como les embargaban bienes por vía ejecutiva por no haber afrontado estas obligaciones que aún a día de hoy se mantienen -los afectados han presentado recursos en el Juzgado de lo Contenciosos, por cierto-.

En 1995, el Ayuntamiento aprobó un PGOU que declaraba urbanizables estos suelos y, 13 años más tarde, se firmó un convenio urbanístico para su desarrollo. A la par que se aprobaba otro nuevo planeamiento general en Jerez se daba vía libre a los documentos necesarios para desarrollar los terrenos, el plan especial (que ordena los suelos al detalle), el proyecto de urbanización (que establece cómo debe ejecutarse el desarrollo) y el de reparcelación (que fija los costes que tienen que asumir cada propietario).

Sin embargo, en 2014 el Tribunal Supremo, tras un recurso presentado por un grupo de dueños, anuló el plan especial por lo que, en consecuencia, se dejaban sin validez también los instrumentos urbanísticos posteriores. Ahora bien, lo dejó claro el TSJA a mediados del pasado año cuando, tras un incidente de ejecución de sentencia presentado también por estos propietarios, se insistió en que ambos documentos no tenían validez.

Pero ayer el abogado de este colectivo, Domingo Fernández, en declaraciones a este periódico advirtió de que, más de siete meses después, no se ha ejecutado el auto del TSJA. Para empezar, no se ha ordenado la publicación en los boletines oficiales de la anulación de las figuras de planeamiento pero, lo más importante, es que no se ha dado cuenta de esta circunstancia al Registro de la Propiedad. Este trámite es de vital importancia ya que, al mantenerse inscrita la reparcelación, las cargas urbanísticas que este documento establecen siguen escrituradas oficialmente, por lo que es necesario que se comunique su anulación para evitar problemas añadidos a los propietarios. Por este motivo, el pasado 28 de diciembre se presentó ante el TSJA una petición para la ejecución forzosa del auto ante la inacción del Ayuntamiento y de la junta de compensación. Asimismo es una incógnita qué se hará para devolver las importantes cuantías cobradas y reclamadas a los dueños en concepto de cargas urbanísticas.

Casualmente, el mismo día que se presentaba el incidente en el TJSA la junta de gobierno abordaba el problema del desarrollo urbanístico de Montealegre. En ella se daba cuenta del pronunciamiento judicial del TSJA de mayo y acordaba no presentar un recurso ante el Supremo -de todas formas ya no podía hacerlo porque el pronunciamiento se había conocido seis meses antes-. Ahora bien, en el expediente se incluía su intención de proceder a una innovación del PGOU para empezar a desbloquear la situación tras un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Delegación de Urbanismo en julio.