El Ayuntamiento de Jerez cerró el ejercicio de 2022 con una deuda total de 1.126 millones, de los que 128 millones corresponden, según el nuevo gobierno local del PP, a los dos últimos mandatos con el PSOE al frente.

Jerez se mantiene, por tanto, como segundo ayuntamiento más endeudado de España, según las conclusiones del último informe de la Airef, que el nuevo ejecutivo de María José García-Pelayo considera que "no cogen, por desgracia, a nadie por sorpresa y confirman la "situación crítica" de las cuentas del Ayuntamiento jerezano tras ocho años de gobierno socialista.

El informe del organismo independiente hecho público este martes confirma que el anterior gobierno de Mamen Sánchez incrementó la deuda viva del Ayuntamiento en 290 millones entre los años 2016 y 2022, pasando su ratio de deuda sobre ingresos de 308% a 455%, situación que no refleja el documento de traspaso de poderes tras la toma de posesión del PP, en el que se incluye el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2021 porque no se habían cerrado las de 2022.

El nuevo gobierno del PP recuerda que uno de sus principales objetivos económicos es que la deuda no sea un problema para el Ayuntamiento ni para los ciudadanos, al contrario de lo que a su juicio ha ocurrido en los últimos años, en los que "hemos visto cómo año tras año, el gobierno socialista ha ido suscribiendo nuevos préstamos que han incrementado la deuda financiera y también la deuda total del grupo (Ayuntamiento más empresas y fundaciones municipales)".

Y aunque la Airef alerta sobre uno de los conceptos de deuda del Ayuntamiento, el PP asegura que, por los datos que ofrecen los técnicos municipales, la realidad de las cuentas es "bastante más compleja".

De hecho, con las cuentas del ejercicio de 2022 ya cerradas, el nuevo gobierno local asegura que el PSOE dejó la deuda total consolidada del Grupo Ayuntamiento en 1.126,64 millones de euros frente a los 998 millones que había en 2015,, lo que supone un incremento de 128 millones de euros en los ocho años de gobierno socialista.

Tal y como Airef ha relevado, la deuda financiera del consolidado del Grupo Ayuntamiento (tanto a corto como a largo plazo), ha pasado de 628 millones en 2015 a 928 millones en 2022, lo que ha supuesto en los 8 años de gobiernos socialistas un aumento de 290 millones de euros. "Un aumento especialmente llamativo provocado porque el anterior ejecutivo socialista ha ido acogiéndose a todos los mecanismos del Gobierno para convertir deuda con acreedores públicos y deuda con proveedores en deuda con entidades financieras".

El gobierno del PP llama la atención sobre cómo se refleja, sobre el papel, la reducción de la deuda de las entidades dependientes del Ayuntamiento en el resultado de las cuentas de 2022 pese a a que presentan "graves pérdidas", lo que indica que "el anterior gobierno ha endosado al Ayuntamiento los desequilibrios de organismos, fundaciones y sociedades municipales".

De hecho, han sido varios los préstamos que el anterior gobierno socialista aprobó desde el Ayuntamiento a las empresas municipales para que pudieran hacer frente a sus pagos ordinarios, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

Con estos datos, la conclusión es que "el anterior gobierno socialista ha mostrado su total incapacidad para arreglar la situación económica municipal. En estos 8 años, no sólo no ha hecho absolutamente nada para, al menos, frenar la deuda municipal, sino que, por el contrario, como demuestra la Airef y demuestran los datos de la cuenta de 2022, ha provocado un aumento de la deuda y de la situación crítica de su salud financiera".

El gobierno actual anuncia su compromiso de afrontar esta situación que, si bien es cierto que se arrastra de muchos años atrás, se ha visto "agravada" por la gestión de estos últimos ocho años socialistas. Una situación que, "bajo ningún concepto, el nuevo gobierno municipal va a aceptar que suponga ningún menoscabo de la prestación de servicios públicos, ni de atención a los ciudadanos ni a la plantilla municipal". Del mismo modo, la alcaldesa, María José García-Pelayo, asegura que esta situación tampoco va a implicar una subida de impuestos ni la creación de de ninguno nuevo.

“Sabíamos que la situación económica y financiera del Ayuntamiento era especialmente caótica y crítica. Airef, Ministerio de Hacienda y los propios informes y resultados de las cuentas generales de estos años atrás ya venían advirtiéndolo a pesar de que el anterior gobierno del PSOE lo negaba, pero creemos firmemente en la capacidad de este Ayuntamiento y de esta ciudad para afrontar la situación y, al mismo tiempo, poder mejorar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".

El gobierno de Pelayo anuncia que se ha puesto manos a la obra con el Ministerio de Hacienda, al que el Ayuntamiento de Jerez espera poder presentar, a la mayor brevedad posible, un plan que permita al Ayuntamiento reconducir esta “crítica” situación.

"Afrontar esta ingente deuda no significa reducir la apuesta inversora de este Ayuntamiento sino trabajar, cada día, como está haciendo este nuevo gobierno, para reactivar la ciudad de manera que se generen más ingresos y más actividad económica, permitiendo la progresiva mejora de las cuentas municipales. Algo que, evidentemente, no se ha hecho estos años atrás y que ha provocado una parálisis tanto en la gestión municipal como en el desarrollo de la ciudad", señala la nota informativa.

La hoja de ruta para enderezar la situación económica 

La alcaldesa y el delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Francisco Delgado, dada esta situación financiera, anuncian en este sentido la elaboración de un plan de sostenibilidad que lleve aparejado un plan de pagos que se pueda cumplir.

Pagar para tener credibilidad, forma parte de la hoja de ruta a través de la que el nuevo gobierno local se compromete a rebajar el promedio de pago a proveedores (PMP) de los 64,5 días actuales a los 30 días que marca la ley gracias al plan de sostenibilidad.

En el ámbito presupuestario, Pelayo y Delgado deslizan que están trabajando para que los Presupuestos Municipales de 2024 estén elaborados a 31 de octubre, de modo que se puedan aprobar en Pleno en diciembre de 2023 y entren en vigor a 1 de enero de 2024 como estipula la ley.