Al igual que hiciera el gobierno municipal el día anterior, el PSOE de Jerez también puso en duda la independencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aunque fue más allá relacionando este caso con la demanda judicial que el gobierno municipal ha puesto contra dos trabajadores municipales a los que acusa de haber accedido a expedientes municipales sin autorización. Incluso, llegó a señalar a un consejero, concretamente al vicepresidente de este órgano, Rafael Salas, 

En un comunicado, la formación socialista señala que el PP podría "intentar aprovechar un procedimiento reglado" de la Cámara de Cuentas "para indagar en cuestiones que le afectan en causas judiciales, y que estarían relacionadas con la presunta trama de espionaje donde estaría involucrada presuntamente una militante del PP".

Los socialistas jerezanos señalan: “Sería lamentable constatar que el PP pudiera estar utilizando como arma política lo que debería ser un órgano de control independiente, colegiado y técnico, y por lo que se está conociendo, hay indicios que señalan en esta dirección. La señal más evidente es que la Cámara ya debería haber finalizado su fase indagatoria y, según sus propias previsiones, ya a finales de 2020 tendría que haber finalizado el primer borrador del informe. Existe un presupuesto de horas de dedicación para completar el proceso de fiscalización y sería necesario que desde la institución se ofreciera el detalle de estos tiempos y las peticiones de información realizadas a lo largo de todo el procedimiento, que en todo momento ha contado con la colaboración total del Gobierno municipal, que ha respondido a todos los aspectos vinculados a la gestión que se estaban analizando”.

Para el PSOE local, “lo que hace saltar todas las alarmas es el tipo de peticiones que se llegan a formular desde la Cámara de Cuentas a partir de un determinado momento, un enfoque extraño y que en ocasiones llega a tomar tintes inquisitoriales cuando desde el órgano fiscalizador se intenta indagar sobre cuestiones judicializadas donde el PP podría quedar afectado. Y la gota que colma el vaso, es la comunicación a bombo y platillo de que se inicia una fiscalización que lleva en marcha desde 2019. Observamos como una anomalía la aprobación del documento de planificación cuando se lleva más de un año trabajando y por eso animamos al gobierno municipal a que denuncie estos hechos ante la comisión de gobierno de la Cámara de Cuentas y, si fuera necesario, ante la Mesa del Parlamento”.

Los socialistas jerezanos han mostrado su contrariedad ante una posible gestión anómala del procedimiento porque “una lupa se puede usar para mirar o para quemar; y no vamos a permitir que se intenten poner medios públicos al servicio de intereses particulares y para apoyar estrategias del PP”. “No es un hecho anecdótico que el consejero que tenía asignada esta fiscalización, Rafael Salas, mantenga excelentes relaciones con Antonio Sanz, Ana Mestre y Antonio Saldaña y vamos a pedir que se analice de principio a fin todo el procedimiento”, señalan desde el PSOE local.

Hasta la pasada semana, Salas fue vicepresidente del órgano fiscalizador y encargado del departamento de corporaciones locales desde 2015, año en el que dejó su escaño de parlamentario del PP. El Parlamento andaluz acordó el pasado día 10 el nombramiento de cuatro nuevos consejeros (dos de ellos designados por el PP y otros dos por el PSOE).   

Desde el PSOE de Jerez se ha puesto el foco igualmente “en el berrinche de Saldaña, que demuestra su nerviosismo por el caso de tráfico de información municipal y la posible vinculación del PP. Hoy hacen el ridículo diciendo que no sabían nada de la fiscalización, lo que demuestra que viven de espaldas a lo que ocurre en el Parlamento Andaluz, donde este procedimiento fue aprobado en 2019, como parte del Plan de Trabajo de la Cámara de Cuentas. Una vez más, Saldaña demuestra que no merece el puesto que ocupa y que desde luego se dedica a otras cuestiones y no a defender los intereses de los jerezanos y jerezanas”.

Por último, los socialistas jerezanos han cuestionado que la Cámara pretenda justificar su interés en el sistema informático municipal amparándose en el ciberataque sufrido en 2019, cuando la fiscalización se ciñe a 2018 y pregunta al órgano fiscalizador por qué se señala al Ayuntamiento de Jerez y no se ha actuado para investigar por este mismo asunto al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en Almería, por el ataque informático mediante el que un hacker consiguió entrar en la red local y realizar dos transferencias por importe de 700.000 euros, de fondos previstos para el pago de nóminas, a una cuenta alemana”.

“La Cámara no puede trabajar basándose en la Ley del embudo, poniendo el lado ancho para unos y el estrecho para otros”, concluyen.