Las oficinas de Aquajerez, concesionaria del servicio del agua, abrieron ayer sus puertas a petición del gobierno local para atender y tratar de buscar una solución a los 200 abonados afectados por el corte del suministro por impagos que se remontan al verano del año pasado. Pero "el problema se podía haber evitado si hubiéramos tenido conocimiento de la situación", aseguró ayer la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien tras contactar ayer con Aquajerez, anunció que la próxima semana mantendrán una reunión con la dirección de la empresa adjudicataria para establecer mejores cauces de comunicación a fin de evitar, en la medida de lo posible, que se repita este tipo de situaciones.

Para Pelayo, nada hay que reprochar a Aquajerez, que según la regidora jerezana, ha sido incluso flexible en los plazos que establece el reglamento andaluz de suministro domiciliario del agua. En este sentido, la alcaldesa criticó la "rigidez" de la norma andaluza, en la que se contemplan 15 días a partir del impago del recibo para proceder al corte del suministro y tres meses para rescindir el contrato, mientras que "en el procedimiento seguido por Aqualia, desde el impago al corte pueden pasar 90 días", aseguró.

Es más, en su defensa de la gestión de Aquajerez, la alcaldesa indicó que la concesionaria ha tardado ocho meses en ejecutar los primeros cortes y, además, no ha rescindido el contrato a ninguno de los afectados. Del mismo modo, la primera edil jerezana recordó que "los cortes del suministro no son nada nuevo, ya que con Ajemsa -la empresa pública responsable del agua hasta su privatización hace ocho meses- había cortes de agua todos los días, pero igual pasaban desapercibidos".

"Vamos a actuar para intentar que esta situación no se repita, pero quiero dejar claro que Aqualia está dando más facilidades de pago que lo previsto en la normativa", prosiguió Pelayo, quien elogió el tacto de la empresa por su "flexibilidad" en la interpretación de la ley. La regidora también quiso quitar hierro a la medida adoptada por la concesionaria, para lo que detalló que los afectados por el corte apenas representan el 0,01% de los 90.000 abonados con los que cuenta el servicio en el municipio, aunque "no queremos que haya ninguno", puntualizó

Al margen de la falta de comunicación con la empresa, que tratará de enmendar en la reunión prevista para la próxima semana, la alcaldesa entonó el mea culpa por la escasa difusión de las bonificaciones de hasta el 95% del recibo que ofrece el Ayuntamiento para el pago de este servicio básico a las personas necesitadas, en concreto, aquellas que tengan una renta inferior a 400 euros o, en el caso de los pensionistas, que no superen los 800 euros.

"La reunión con la empresa servirá para evitar que los cortes se realicen sin el conocimiento del Ayuntamiento", explicó Pelayo, quien avanzó que el gobierno local pondrá en marcha una "potente" campaña para informar a la ciudadanía de las bonificaciones para las familias que no pueden hacer frente al pago del recibo del agua.

"Vamos a hacer un esfuerzo mucho mayor para que se conozcan estas bonificaciones, porque estoy segura de que muchos de los afectados no sabían que existen y se podrían haber evitado los cortes", dijo la alcaldesa, quien lamentó que en la actualidad en Jerez sean más de 7.000 las personas, familias y empresas con dificultades para pagar el recibo mientras que sólo hay 1.700 beneficiarios de las bonificaciones.

Al hilo de estas declaraciones, la alcaldesa anunció su intención de solicitar la modificación de la norma a la Junta en atención a la difícil situación económica de las familias y las empresas de la comunidad. Curiosamente, Pelayo hizo estas declaraciones en un acto de apoyo al pueblo saharaui en el que coincidió con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, al que, según informó con posterioridad la asesora de prensa de Alcaldía, arrancó el compromiso de revisar el reglamento andaluz.

Momentos antes, el propio Valderas apeló a la sensibilidad de las empresas públicas o privadas responsables de servicios básicos como el agua o la luz en momentos de especial dificultad económica como el actual, al tiempo que hizo un llamamiento a la reflexión a Aquajerez y al Ayuntamiento, a la primera porque "no creo que el suministro a 200 familias vaya a desestabilizar su cuenta de resultados"; y al segundo para que sea un "pilar" que garantice estos servicios a las familias necesitadas.

"No podemos compartirlo -la actuación de Aquajerez-, máxime cuando la Junta está estudiando elaborar una ley o decreto ley para que no le falten los suministros vitales a la parte más desfavorecida de la sociedad en condiciones económicas y de paro tan difíciles", significó el vicepresidente andaluz, y añadió que "pido que mientras esta ley se ultima, se tenga suficiente sensibilidad por parte de las empresas suministradoras del agua y de la electricidad".

Frente a la actuación de Aquajerez, que según Valderas "va por el camino contrario", el dirigente de IU expuso que "ya hay ayuntamientos en la provincia que han dado el paso adelante, como el de Medina, que tiene una gestión pública del agua y ha decidido no desahuciar en materia de agua a ninguna familia en situación de necesidad. Es un ejemplo a imitar, también por el sector privado".

En cualquier caso, el vicepresidente de la Junta -en clara alusión a la política del PP- lamentó que "la privatización de servicios básicos para la sociedad como el agua, la luz, la educación o la salud vayan siempre en contra de la mayoría de la sociedad y de las personas más débiles en el injusto sistema en el que vivimos".