Una familia ha exigido a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía un total de 70.000 euros por la muerte de un anciano en mayo de 2005 en un incendio originado en la habitación que el fallecido ocupaba en la residencia para personas mayores de La Granja, instalación que depende de la Administración autonómica.

Según informó en nombre de la familia el abogado Fernando Osuna a través de un comunicado, la mujer y los hijos del fallecido iniciaron los trámites judiciales para reclamar este importe debido a que hace tres años ya pidieron a la Junta «responsabilidades» por este fallecimiento.

En este sentido, y pasado este tiempo, el abogado aseguró que se concluyó el procedimiento administrativo -que se encuentra en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla- «con algunas omisiones y defectos cometidos por la Administración», como recoge el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

El fallecido murió a causa de un incendio que no pudo ser controlado por el personal de la residencia ni tampoco por los efectivos de bomberos que se desplazaron al lugar de los hechos y, por ello, la acusación consideró que los trabajadores de la residencia actuaron de manera «negligente», pues «debían haber adoptado medidas severas y eficaces para controlar el consumo de tabaco en las habitaciones ya que el fallecido fumaba con habitualidad».

Asimismo, el abogado aseguró que si los trabajadores hubieran actuado «de acuerdo con los protocolos y normas en prevención y actuación en casos de incendio el fallecimiento no se hubiera producido». De esta manera, añadió que «llama la atención que el personal del centro diga que se tardó un minuto en llegar desde que se detectó el incendio hasta que se sofocó, algo que es imposible ya que un minuto no es tiempo suficiente para producir la muerte en estos sucesos».

Testimonios «contradictorios»

En cuanto a los testimonios de la directiva del centro y del personal, el abogado Fernando Osuna aseguró que la credibilidad de éstos está en «entredicho» pues «matemáticamente no son verosímiles sus afirmaciones». Además, destacó que los miembros de la Administración demandada «tratan de defenderse y de justificar lo injustificable y dan una versión forzada de los hechos».

Por otra parte, el letrado explicó que «no cabe en una lógica sana» que el centro no adoptara medidas contra el anciano tras conocer su adicción al tabaco después de que días antes del suceso, el fallecido produjo un «pequeño» incendio en su habitación. En este caso, indicó que «se debió poner una férrea vigilancia para evitar que tuviera objetos capaces de crear fuego, e incluso en un caso extremo el varón debió ser expulsado del centro, pero nunca adoptar un comportamiento pasivo».

Osuna determinó que existen «contradicciones» con la versión ofrecida por la Administración pues había brasas en el sillón y en el sofá de goma espuma al lado del anciano y su silla quedó prácticamente «inservible» debido al incendio anterior, de esta manera «el material no era ignífugo». Además, se preguntó si era tan «difícil» vigilar que el anciano no comprara tabaco, sobre todo porque estaba en silla de ruedas y «apenas podía circular».