La ex alcaldesa Pilar Sánchez ingresará "en cuestión de horas" en un centro penitenciario para cumplir una pena de cuatro años y medio de privación de libertad. Lo hará tras haber conocido ayer que la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso donde solicitaba la suspensión cautelar de la orden de entrada en la cárcel mientras no se pronunciara el Tribunal Constitucional sobre su causa. El abogado Juan Pedro Cosano confirmó ayer que la ex alcaldesa tiene previsto iniciar el cumplimiento de su condena de manera voluntaria, decisión que evitaría que las Fuerzas de Seguridad se personen en su domicilio para trasladarla a prisión, tal y como le ocurrió a su predecesor, Pedro Pacheco.

La defensa de Sánchez aseguró que desconoce el centro que elegirá Pilar Sánchez aunque reconoció que lo hará de manera inminente. Se especula con la posibilidad de que lo haga en Puerto 3 o en el de Alcalá de Guadaira (este último es exclusivo para mujeres). No obstante, y dado que su ingreso será voluntario, podrá elegir cualquiera del país.

Pilar Sánchez ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por la concesión ilícita de una bonificación para que la empresa sevillana Tisa adquiriera una parcela en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA). En primera instancia, la ex alcaldesa fue condenada por la Audiencia Provincial, un fallo que posteriormente fue ratificado por el Tribunal Supremo.

Lo cierto es que, cuando se conoció el pronunciamiento del Alto Tribunal, el letrado de Sánchez no se mostraba excesivamente esperanzado de que prosperara el recurso de súplica presentado ante la Audiencia Provincial. Su escrito estaba basado en varias argumentaciones que han sido rechazadas en su totalidad por los magistrados del órgano jurisdiccional provincial, el mismo que el pasado año ya la condenó por este caso.

El razonamiento de mayor peso del escrito de defensa se basaba en que se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que aún no se ha resuelto. Así se había esgrimido el perjuicio que podría suponer para la ex alcaldesa un ingreso en prisión que luego fuera suspendido por este tribunal. En cambio, la Audiencia considera que, aunque estas razones "son humanamente comprensibles", no pueden ser atendidas "legalmente", ni siquiera aunque la apoye el Ayuntamiento, que en esta causa ha ejercido de acusación -se mostró partidario de esta medida cautelar en su escrito de respuesta al recurso de súplica-.

Los magistrados aluden a que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que la "posible suspensión" de la ejecución de una pena "compete y corresponde" al Tribunal Constitucional por lo que, "hasta tanto no se ordene esa suspensión, no es posible paralizar la ejecución de la condena".

Tampoco se ha atendido la petición del abogado de Pilar Sánchez de que se produjera una comparecencia ante este tribunal para poder ratificar los argumentos en contra de la ejecución de la sentencia ya incluidos en el escrito, lo que hubiera demorado algunos días el pronunciamiento. En cambio, los magistrados de la sección octava inciden en que se ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento fijado por ley para este tipo de recursos por lo que no se ha "causado ninguna indefensión".

Finalmente, se mantiene la obligación de que Pilar Sánchez se haga cargo, de manera solidaria junto a la otra ex edil condenada (la que fuera delegada del Medio Rural María del Carmen Martínez), del abono de una indemnización al Ayuntamiento de 122.360 euros, la cuantía que corresponde al perjuicio ocasionado al erario público por la ilícita bonificación a Tisa. La defensa de la ex alcaldesa había alegado que esta cuantía se había reclamado a la firma beneficiada por lo que se podría producir un doble pago al Consistorio. Este extremo lo rechaza de plano la sección octava puesto que la sociedad, hasta el momento, no ha realizado el pago. Además, señala que solo se le puede eximir de la responsabilidad civil a la que fuera regidora de Jerez entre 2005 y 2011 si el Ayuntamiento renunciara al cobro de la indemnización, algo que no ha se apuntado en algún momento del procedimiento.

Ya la Fiscalía había mostrado su oposición a que se suspendiera cautelarmente el ingreso en prisión. Para empezar, incidía en que "los delitos de corrupción política dañan no tan solo económicamente a la sociedad" sino también "al sistema democrático y provocan la pérdida de la confianza en las instituciones". Acto seguido advertía de que Pilar Sánchez "no ha reconocido públicamente la comisión del delito ni públicamente ha manifestado arrepentimiento alguno por su conducta".

Por lo tanto, Pilar Sánchez se convertirá en cuestión de horas en la segunda máxima autoridad de la ciudad que ingresa en prisión. Pedro Pacheco se encuentra en Puerto 3 desde hace 15 meses por la contratación irregular de dos asesores.