"Pilar Sánchez me pidió que a TISA no se le exigiera aval"

Juicio por el 'Caso PTA'

El ex asesor socialista Sebastián Rubiales destaca en la vista que la medida se adoptó sin pasar por el consejo de administración de Emusujesa, aunque lo hizo a posteriori.

"Pilar Sánchez me pidió que a TISA no se le exigiera aval"
"Pilar Sánchez me pidió que a TISA no se le exigiera aval"
Manuel Moure

Jerez, 21 de enero 2015 - 01:00

La sexta sesión del juicio por el 'caso PTA' se preveía rutinaria y farragosa, aunque dejó varias 'perlas' que vinieron a demostrar el escaso nivel de la administración que Pilar Sánchez tejió a su alrededor durante su mandato.

Una de las declaraciones más impactantes fue la de Sebastián Rubiales, asesor de Pilar Sánchez entre 2005 y 2007 así como gerente de la empresa municipal de suelo, Emusujesa. En demasiadas ocasiones una persona que ha ostentado semejante cargo pronunció respuestas evasivas, algunas de ellas rayando en el esperpento. Tal fue el caso de un informe que realizó sobre la empresa que se sienta en el banquillo, TISA, del que dijo literalmente que no sabía por qué lo hizo.

Las empresas que pretendían levantar negocios en el PTA (donde el suelo se ofertaba a 95 euros el metro cuadrado cuando en otros lugares se pedían 500 y hasta 600) se quejaban de los problemas que padecían a la hora de buscar bancos para el aval que se les exigía para establecerse. Fue por ello, y así lo reconoció Rubiales, que señaló que recibió una comunicación del "gabinete de Alcaldía" para que se eliminaran dichos avales y se sustituyeran por un convenio. Después reconoció que la orden vino directamente de la ex alcaldesa, Pilar Sánchez. Igualmente se supo por parte de la Fiscalía que otras empresas pidieron idéntico trato y recibieron una respuesta radicalmente distinta. Dicho cambio (aval por convenio) necesitaba de ser aprobado por el consejo de administración de Emusujesa, algo que se hizo a posteriori. Ese mismo día se firmó el convenio. Rubiales dijo que éste se preparaba con días de anticipación, por lo que cabe pensar que la decisión fue incluso anterior. Que muchos documentos carecieran de sellos (de entrada o de salida o de ambos) hace pensar que la Administración local no funcionaba como debía.

Otro dato sobre el que ayer se incidió fue que TISA presentó un pagaré que no fue abonado. Lo lógico, al menos según las acusaciones, hubiera sido que se ejercitaran las medidas legales tras el impago pero pese a ello se acordó prolongar el plazo de tiempo para que pudiera ser abonado. Pese a ello, Sebastián Rubiales negó que la alcaldesa dispensara "trato de favor" a esta compañía.

Otro dato que ayer sobrevoló la sala de vistas de la Audiencia Provincial fue que la minoración en el precio de la parcela que TISA iba a ocupar sí tuvo un movimiento dinerario. Al menos así se desprendió de las declaraciones que vinieron a señalar que TISA finalmente pagó en metálico el 60% del dinero que tenía que abonar pues el 40% restante del precio de la parcela (la rebaja del suelo) fue incluida en una especie de cuenta de compensación existente entre el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) y la empresa de suelo, Emusujesa.

Otra declaración destacada fue la de Miguel Ballesteros, ex gerente de Emusujesa entre 2000 y 2005. La relación del Ayuntamiento con esta empresa vino a ser resumida en una frase cuando menos impactante: "El Ayuntamiento asaltaba constantemente las arcas de Emusujesa". No en vano, se llegaron a deber 2, 3, 4 y hasta 5 millones de euros. De otro lado, Ballesteros apuntó que "todos en el Ayuntamiento sabían que a quien trajera inversiones había que tratarle con exquisitez". "¿Con alfombra roja?", le preguntaron. "De las gordas", respondió.

Otro conocido técnico municipal como José Agüera, director del IPDC hasta junio de 2005, fue quien suplió a Ballesteros en Emusujesa. Certificó que hasta 2005 las subvenciones que se daban tenían por destinatarias a entidades sin ánimo de lucro, tales como las organizaciones de agricultores, así como que se deseaba que Asaja fuera el motor del parque.

El primer testigo en pasar por el estrado fue Miguel Cabeza, concejal durante 16 años. Se mantuvo en todo momento en que el técnico Jesús Parra era el encargado de hacer los informes que permitían tanto la ubicación como acceder a la minoración en el precio del suelo, aunque dicha facultad no residía en la delegación rural sino en el IPDC. En Instrucción sostuvo que con un solo informe sobre las empresas valía. Ayer dijo que con dos, entrando en contradicción.

Para hoy está prevista una de las sesiones más importantes de esta causa, la cual se seguirá hasta finales de mes, con la declaración de Jesús Parra, el técnico municipal que se negó a firmar un informe a favor de TISA para que ésta alcanzase la máxima subvención posible a la hora de comprar la parcela 8.1 del PTA.

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