Prisioneros de las prejubilaciones

La Junta de Andalucía, a instancias de todos los grupos representados del Parlamento, aprobó la semana pasada un decreto ley por el que dará un vuelco al sistema de pago de las prejubilaciones que, al amparo del convenio al que se vinculó el 'fondo de reptiles', consagró la figura de los intermediarios y las primas a aseguradoras sujetas a constantes refinanciaciones.

La nueva norma permitirá a la Junta eliminar de un plumazo a los comisionistas y las dificultades administrativas, principalmente por problemas de liquidez, surgidas para el pago de a las aseguradoras en los plazos previstos de las ayudas sociolaborales comprometidas con determinados colectivos de trabajadores afectados por EREs, entre ellos los de Santana o Delphi.

Del mismo modo, el decreto ley contempla modificaciones en las ayudas sujetas a las pólizas de otros prejubilados, la mayoría contratadas con Generali Seguros, caso de los ex trabajadores de bodegas del Marco o la central lechera de Puleva, que se refinanciarán previo acuerdo entre los colectivos afectados y las aseguradoras y bajo el requisito de la supresión de pagos a intermediarios. La Junta, a la que deberán trasladar el acuerdo, estima un coste por esta operación, que afecta a 5.700 prejubilados andaluces, de unos 350 millones de euros, a los que se sumarían otros 225 millones -a razón de 14,9 millones anuales- de los pagos al primer grupo de ex trabajadores.

Aunque la nueva norma a priori pretende normalizar el pago de las mensualidades a los prejubilados, sin más sobresaltos, los prejubilados de Jerez mantienen su recelo por lo farragoso del texto y su letra pequeña, que quieren consultar antes con sus asesores legales para despejar dudas sobre algunos aspectos que no estaban legislados, caso de los topes de las ayudas, posibles recortes de las mensualidades e incluso de los nuevos plazos de pago.

A juicio del portavoz de los prejubilados jerezanos, Juan Pedro Martín Félix, mientras el decreto garantiza los pagos a 1.380 ex trabajadores de Santana Motor, Delphi y los afectados por la quiebra de la aseguradora belga Apra Leven, el caso de los 5.700 prejubilados andaluces restantes es más difuso y hay muchos cabos sueltos que aclarar, el principal, si se solventarán los reiterados retrasos registrados hasta la fecha.

Al margen de las consultas legales previstas, los prejubilados de empresas jerezanas afectados por EREs, la mayoría del sector agroalimentario, esperan alguna reacción de la aseguradora Generali, que aún no se ha pronunciado sobre las modificaciones del nuevo decreto.

La asociación de prejubilados de González Byass, que también preside Martín Félix, aún no han recibido respuesta de la compañía de seguros al escrito remitido hace un mes en el que pedían información sobre el posible acuerdo alcanzado con la Junta para la regularización de los pagos. En su carta, el presidente de este colectivo se hacía eco de la "incertidumbre e inseguridad" vivida por los prejubilados en el último año y medio por su situación de "permanente desamparo" como "prisioneros de unos y otros" -en alusión a los impagos de la Junta y a la interrupción de los pagos por parte de la aseguradora-. En consecuencia, el colectivo reclama en su escrito información puntual de "los acuerdos que afecten directamente a nuestra póliza".

Los prejubilados de empresas jerezanas cobraron el último mes en fecha y forma, y en principio tampoco prevén problemas de cara a la próxima mensualidad, la correspondiente al presente mes de octubre y que, en condiciones normales, debería ingresarse en torno al día 27. Ambos pagos, explica Martín Félix, han sido posibles tras el último desembolso que realizó la Junta a las aseguradoras, dentro del calendario acordado por las partes, antes de la aprobación del decreto, por lo que desconocen si las modificaciones introducidas alterarán el proceso, para bien o para mal.

"La intención de la Junta es renegociar a la baja, pero en ningún caso debe afectar a las mensualidades que perciben los prejubilados", señala el portavoz de los ex trabajadores de bodegas, quien recuerda que en las anteriores revisiones o refinanciaciones de las pólizas se ha mantenido intacto el importe de las prejubilaciones.