Qualytel niega un uso fraudulento de las ayudas públicas al empleo
La compañía decide personarse en la causa y esgrime que sólo ha rescindido dos de los 162 contratos incentivados · Atribuye la solicitud de reintegro de 218.000 euros a defectos de forma en la gestión
Qualytel Teleservices ha decidido personarse en la causa judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz por la gestión de las subvenciones públicas para el fomento de la contratación indefinida, en la que la empresa de telemarketing radicada en Jerez negó ayer en rotundo la existencia de fraude para atribuir la solicitud de reintegro de 218.000 euros a "defectos formales" detectados por la Junta de Andalucía en el 28% de las ayudas recibidas.
La auditoría ordinaria realizada por la intervención general de la Consejería de Economía y Hacienda en septiembre de 2010 para el control de los fondos comunitarios, en este caso de las ayudas por importe total de 775.446 euros concedidas a Qualytel Teleservices por la creación de 162 empleos indefinidos, señala que "la subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que fue concedida".
La empresa aseguró ayer a este medio que la solicitud de reintegro no responde a un uso fraudulento de las ayudas como ha trascendido, sino a "defectos de forma" en la tramitación administrativa de las sustituciones de casi la mitad de los contratos, en concreto 77 casos de los 162 subvencionados incentivados, de los que 47 se firmaron o comunicaron fuera del plazo máximo establecido, mientras que otros 30 se subrogaron en otra de las filiales del grupo que opera en Jerez -Qualytel Andalucía-.
Según el director general de Qualytel Services, Iñigo Arribalzaga, la empresa mantiene 160 de las 162 contrataciones indefinidas subvencionadas, salvo que muchos de los trabajadores inicialmente empleados han causado baja "por circunstancias de muy diversa índole", pero "la orden que regula estas ayudas permite que esas personas sean sustituidas" y "en algunos casos hemos incumplido el plazo máximo de un mes para la comunicación".
En este sentido, Arribalzaga vinculó las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción al incumplimiento de los plazos, pues "no hay ánimo ni voluntad de defraudar, ya que el compromiso del empleo es firme y sólo hay dos casos de trabajadores contratados que no han sido sustituidos", por lo que "hablar de fraude por dos casos no tiene ningún sentido".
La compañía expresó ayer su total disposición a colaborar con la Justicia, al tiempo que recordó su intención de reintegrar las ayudas en los casos que corresponda como ha reiterado al Servicio Andaluz de Empleo desde que se detectaron las anomalías.
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