El Ayuntamiento se ha encontrado con otro regalo envenenado del mandato en la anterior legislatura de la socialista Pilar Sánchez. La Intervención General del Estado ha declarado nulo de pleno derecho el contrato del contenedor de empresa del parque tecnológico agroalimentario (PTA de Jerez), edificio ubicado en suelos de titularidad municipal junto al Centro Tecnológico del Vino al que se han destinado 7,2 millones de ayudas públicas, la mayoría con cargo a los fondos FEDER.

En la auditoría del proyecto, realizada entre julio y agosto, se detectaron numerosas anomalías tanto en la licitación como en la ejecución de las obras de construcción del edificio, cuya adjudicación realizó el anterior gobierno socialista en base a un baremo que no se ajusta a la legalidad y excluyendo a uno de los licitadores sin justificación. Según recoge el informe de auditoría, y al margen de la no publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de licitación ni de la formalización del contrato, el Ayuntamiento incurrió en una "aplicación discriminatoria e irregular de los criterios de valoración" de las empresas que concurrieron al proceso.

La nulidad del proceso implica el reembolso de la totalidad de las ayudas recibidas, los algo más de 7 millones de euros de la única inversión realizada hasta la fecha en el edificio, para cuya culminación se precisan cerca de tres millones de euros de los que no dispone el Ayuntamiento.

El auditor explica que el beneficiario logró financiación para dos de las tres anualidades que solicitó por importe total de 13,8 millones, estando obligado en dicho caso a ejecutar la totalidad del proyecto, y no sólo la parte cofinanciada.

Sin embargo, la auditoría señala que "el gasto realizado -en alusión a los 7,2 millones de las ayudas públicas- es potencialmente ineficaz y contrario a los principios de buena gestión financiera, salvo que se consigan fondos para terminar el proyecto del edificio contenedor de empresas en plazo -que expira el 30 de noviembre-, pues con el grado de ejecución actual no es susceptible de ser utilizado, ni siquiera parcialmente". Según un informe del director de obra, el grado de ejecución del proyecto ronda el 68%, si bien la construcción está paralizada desde finales de marzo de 2012, precisamente por la falta de recursos económicos.

En una visita reciente para abordar con la dirección general de Innovación y Competencia la solicitud de modificación del proyecto del Centro Tecnológico del Vino para la cesión de las instalaciones a la Universidad de Cádiz (UCA) con fines de investigación -ver información anexa-, la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, aprovecharon su estancia en Madrid para plantear la posibilidad de buscar alguna solución alternativa al reembolso de las ayudas, que según la regidora jerezana "es inasumible".

Los dirigentes municipales trasladaron a la responsable ministerial la imposibilidad, dada la difícil situación actual de las arcas del Ayuntamiento, de hacer frente a la devolución de las ayudas recibidas hasta la fecha. Entre las posibles soluciones, Pelayo cree que la opción menos mala pasaría por una sanción y por garantizar la culminación del edificio, ideado para albergar empresas vinculadas al sector agroalimentario y a las tecnologías.