El Senado no rechaza un suplicatorio desde 1999

Un suplicatorio no es más que la petición que realiza un tribunal a un órgano legislativo para poder investigar a alguno de sus miembros. El privilegio del aforamiento, que disfrutan no solo los representantes en Cortes sino también la Familia Real, los parlamentarios de las comunidades autónomas, los jueces del Constitucional, Supremo y Audiencia Nacional, entre otros (más de 17.000 cargos públicos), está recogido en la Constitución justificándolo en la necesidad de "la salvaguarda de la independencia institucional", tal y como apunta el Congreso en una interpretación jurídica de este texto normativo. De este modo, en el caso de diputados y senadores, es el Tribunal Supremo el único que puede investigarlos, siempre y cuando su cámara correspondiente lo autorice.

Y a lo largo del actual periodo democrático se han dado casos en los que no ha dado su visto bueno a las diligencias alegando la escasa consistencia de las acusaciones. A lo largo de estos 33 años de vida parlamentaria (la primera legislatura constituyente se inició en 1977) los órganos que analizan estas causas han debatido 92 causas y 32 de ellas fueron rechazadas.

En el caso del Senado, el último caso que no autorizó a ser investigado fue en 1999 con las diligencias que se abrieron contra el ex senador socialista Manuel Goya, que fue denunciado por autorizar que su ayuntamiento pagara una indemnización a un trabajador a la que había sido condenado un edil que se había declarado insolvente. En aquel caso, el suplicatorio fue rechazado porque los representantes del PP en ese órgano no acudieron. Mientras, el Congreso no rechaza un suplicatorio desde 1985.

En esta legislatura que está a punto de finalizar, han sido tres los casos analizados, aunque dos de ellos corresponden al ex senador Miguel Zerolo (de Coalición Canaria). En este caso está siendo investigado por la tasación realizada a unos terrenos municipales en una permuta urbanística. También, el Senado autorizó la investigación a la senadora socialista Elena Diego Castellanos por unas contrataciones a dedo en el Ayuntamiento salmantino de Villamayor; esta acabó siendo absuelta por los tribunales.