Sólo se han ocupado seis de las 44 casas del Fondo Social de Viviendas

Ocho meses después de que el Ayuntamiento y ocho entidades financieras firmasen el protocolo para la puesta en marcha del Fondos Social de Viviendas, hasta el momento sólo se han asignado seis de las 44 casas que los bancos ponían en alquiler a disposición de familias desahuciadas. El Ayuntamiento se adhirió en el pleno del mes de febrero de este año a esta iniciativa impulsada por el Gobierno central y suscrita con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito. No obstante, el fondo social no ha tenido la respuesta esperada. En estos meses se han tramitado sólo 14 viviendas y se han asignado seis. En cuanto a las ocho restantes, en dos casos las familias han renunciado a la casa, otras dos han sido denegadas y hay cuatro expedientes que aún no se han resuelto.

La delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, señaló que desde su área se ha contactado con familias desahuciadas para ofrecerles la posibilidad de una vivienda del fondo social pero que no han aceptado por diferentes motivos: bien porque ya habían buscado otra alternativa o vivían con otros familiares o porque no les interesaba un alquiler que oscila entre 150 y 180 euros durante dos años. "Nosotros siempre les hemos dicho que se trataba de un punto de partida y que cuando transcurriesen esos dos años se podía negociar otra modalidad con la entidad, pero hay familias que no han querido", comentó Paredes. En otros casos el impedimento ha sido la ubicación de la vivienda, teniendo en cuenta que muchas de las que los bancos han incluido en el fondo social se encuentran en zonas desfavorecidas.

Según el protocolo que se firmó, para poder acceder a una de estas viviendas los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como que el desalojo de su casa se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 y que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, con lo que el tope de renta se sitúa en 1.587 euros.

El papel de la delegación de Bienestar Social es importante ya que, según el convenio firmado, las entidades financieras que reciben la solicitud de una de estas viviendas se dirigen a los servicios sociales para que emitan un informa sobre la situación social y el riesgo de exclusión de la familia demandante.

Frente a este fondo social, que al menos de momento no va a precisar la incorporación de nuevos inmuebles, sí se ha incrementado de forma significativa el número de viviendas de emergencia social. Paredes volvió a recordar que cuando el PP asumió el gobierno local se partía de un número insignificante, apenas cuatro viviendas, que a día de hoy se han incrementado hasta 36. La delegada elogió la coordinación que en este sentido hay con la Junta, que es la titular de buena parte de estos inmuebles y la labor que se hace para que en cuanto una de estas casas se queda libre, el Ayuntamiento se haga cargo, antes de que sea ocupada de manera ilegal.

La forma de acceder a una de estas viviendas de emergencia social por un alquiler casi simbólico está perfectamente recogida en un reglamento específico que el gobierno aprobó en su día. "Siempre se actúa de acuerdo a los informes sociales y en función de una puntuación y también del número de miembros de la unidad familiar. El objetivo es garantizar la equidad y eso da tranquilidad a las familias". Paredes aseguró que las prioridades son claras: se trata de evitar el hacinamiento y las malas condiciones en las que viven algunas personas y comentó como un ejemplo extremo, que se ha alojado en estas viviendas a dos familias que estaban viviendo con menores en cuadras.

Aclaró también que estas viviendas no llegan a estar ni un día desocupadas desde que una familia la abandona hasta que entra otra y señaló que actualmente hay casi 20 familias que están en espera de este recurso de emergencia.