El TSJA archiva la causa contra García Pelayo por el caso de los Huertos de Ocio

Ni participó en la decisión política municipal ni participó en la posterior expropiación. Así lo entiende el juez instructor del caso de los Huertos de Ocio, Jerónimo Garvín Ojeda, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien ha dictado el sobreseimiento de las actuaciones en relación con la presidenta local del PP jerezano, vicepresidenta segunda del Parlamento y ex alcaldesa, María José García Pelayo, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

El auto dictado por el magistrado, dado a conocer ayer, señala que García-Pelayo -alcaldesa entre 2003 y 2004- "no participó en la adopción de la decisión política municipal de transmitir la finca urbanizable, mediante permuta, a la mercantil Xera Promociones SA, ni tampoco intervino en la decisión de obligar al Ayuntamiento a desalojar a los poseedores de la finca en el plazo de seis meses".

La resolución judicial indica, del mismo modo, que "cuando toma posesión de su cargo como alcaldesa (14 de junio de 2003), la operación de permuta de la huerta de San Álvaro -donde la GMU cedió los huertos a más de cuarenta parcelistas, en su mayoría jubilados, a finales de los 80- estaba no sólo decidida, negociada o diseñada, sino ya realizada". Igualmente, el auto emitido por el magistrado reconoce que García-Pelayo "desconocía la verdadera significación del contenido de los acuerdos que se adoptaban, limitándose a recibir la información ofrecida por el señor Pacheco Herrera (vicepresidente por aquel entonces del consejo de gestión de la GMU y delegado de las competencias) y a comprobar si los informes elaborados por los técnicos competentes eran favorables a las propuestas que se les hacían".

El magistrado asegura, a todo esto, que García-Pelayo cesó de sus cargos como delegado de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda y de presidente efectivo de la comisión municipal informativa de Urbanismo e Infraestructura a Pacheco porque "no le informaba de nada", y tras tener conocimiento de la apertura del procedimiento judicial por los huertos de ocio. De esta manera, el TSJA considera que "la intervención de García-Pelayo, en calidad de presidenta del consejo de gestión de la GMU, no puede implicar que conociera los detalles de la operación, ni menos aún de que fuera consciente de su supuesta ilegalidad", al tiempo que agrega que "tampoco el hecho básico de haber votado favorablemente tres resoluciones de las que integraban la operación que en conjunto se ha calificado como presuntamente delictiva tiene relevancia para reputar su actuación como prevaricadora".