Zona Franca tiene un mes de plazo para iniciar las actuaciones administrativas necesarias para retomar las obras de reurbanización del polígono El Portal, que llevan paralizadas desde finales de 2015 cuando la empresa renunció al contrato por diferencias técnicas con el proyecto de ejecución. Ayer, el gobierno local aprobó enviar un requerimiento al consorcio advirtiéndole de que, en caso que no lo haga, recurrirá a la vía judicial.

De este modo, el enfrentamiento que ambas administraciones mantienen por estas obras continúa in crescendo. En marzo de 2014, Zona Franca y Ayuntamiento firmaron un convenio para realizar mejoras en este enclave industrial, el más grande de la ciudad y que tiene importantes carencias en materia de infraestructuras. Ambos se comprometieron a confinanciar la actuación; el Ayuntamiento, además, se encargó de redactar el proyecto de obra y de la dirección facultativa de la actuación; mientras, Zona Franca tramitó la licitación. Sin embargo, al poco de iniciarse las obras, la empresa adjudicataria advirtió de posibles deficiencias en el proyecto técnico, al asegurar que no se ajustaba a la realidad por lo que reclamó una importante modificación, que conllevaba, claro está, un incremento de los costes. Esto fue el germen de un enfrentamiento a nivel técnico entre la Delegación de Urbanismo, la Zona Franca y la constructora que ha acabado trascendiendo al ámbito político ya que el Ayuntamiento entiende no solo que el proyecto se hizo correctamente sino que la empresa demanda unos cambios que están fuera de los márgenes que estipula el pliego de condiciones que sirvió para adjudicar la obra. La constructora abandonó el tajo en diciembre de 2015 y solicitó la rescisión del contrato, además de una indemnización de más de 950.000 euros por no poder concluir su trabajo. Desde entonces, se ha mantenido algún que otro encuentro entre ambos organismos para tratar de desbloquear la situación pero sin llegar a acuerdo.

Tras aprobar el requerimiento a mediodía de ayer en una junta de gobierno, el ejecutivo emitió un comunicado donde apuntaba que durante estos dos años ha tenido una "firme voluntad" de llegar a un acuerdo con el ente franco mediante "una actitud dialogante y de mano tendida". Sin embargo, sostiene que se ha visto obligado a realizar el requerimiento ya que "no se ha obtenido la respuesta esperada del Consorcio".

El gobierno le exige a la Zona Franca que se comprometa en el plazo de un mes a "cumplir el convenio" con el inicio del procedimiento para volver a licitar las obras (el contrato con la anterior adjudicataria se resolvió el año pasado) y concluir la reurbanización del polígono "de conformidad con el presupuesto de terminación" de las actuaciones "que fue remitido al Consorcio en mayo de 2017".

En el acuerdo se incluye también que, en el caso de que esta administración no atienda el requerimiento, "el Ayuntamiento procederá a ejercitar las acciones judiciales correspondientes para reclamar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, es decir, finalizar la obra; y en caso contrario, devolver al Ayuntamiento la cantidad aportada en su día de 1.156.037 euros".