Uniter cree que el daño ocasionado por el caso de los ERE es irreparable

José González Mata, el propietario de Uniter y Cureña -sociedad está última de carácter patrimonial-, acaba de recuperar la facultad de administrar sus empresas casi dos años y medio después de la suspensión decretada por la juez Alaya, por entonces instructora del caso de los ERE. Tras el levantamiento de esta medida cautelar por parte de la actual titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, allegados a González Mata muestran su confianza en que el próximo paso para tratar de recuperar la normalidad sea la retirada de la fianza de 99 millones impuesta por Alaya al dueño de Uniter tras su imputación en el caso de los ERE.

Tras el duro calvario que ha supuesto hasta la fecha la instrucción del caso, la devolución de la facultad de gestión de la empresa es bien recibida en el entorno de Uniter, desde el que reiteran la inocencia de González Mata, imputado, entre otros delitos, por malversación de fondos públicos, que la Junta de Andalucía niega.

La facultad de administrar Uniter sigue estando limitada, no obstante, por el embargo que pesa sobre los bienes de González Mata como garantía de la fianza millonaria, contra la que los asesores jurídicos del empresario jerezano presentaron recurso meses atrás en base al reconocimiento de la Junta de la inexistencia de menoscabo de fondos públicos y a lo abultado de su importe, pues según la información aportada al caso por la Administración autonómica, el costo de los intrusos en los ERE, que rondan los 60 -y de los que sólo una decena corresponden a expedientes tramitados por Uniter-, es de 11 millones de euros. Cabe recordar que en la macrocausa de los ERE hay impuestas fianzas por importe total de 3.300 millones de euros pese a que la juez Alaya estima que el dinero malversado asciende a 525 millones.

En el entorno de Uniter se tiene la impresión de que el daño es irreparable, pero no por ello renuncian a seguir luchando por demostrar que la empresa y su gestor actuaron lícitamente. Fuentes del sector de los seguros señalan que las sobrecomisiones cuyo cobro se atribuyen a Uniter y Vitalia no existen propiamente dichas. Según las mismas fuentes, se trata de un problema de interpretación al considerarse comisión el gasto de administración, que es el coste para las compañías que mediaron en los expedientes de las oficinas que estaban obligadas a habilitar en los municipios en los que se aprobaban los ERE para todo el trámite burocrático que requieren los expedientes en los 10 o 15 años que suelen mediar hasta la jubilación de los trabajadores. La auditoría elaborada por la Dirección General de Seguros reforzó esta hipótesis al vincular este dinero a gastos para pagos a terceros y no como beneficios.

A raíz de la intervención, la compañía procedió al cierre de estas oficinas a través de las que atendía el pago de las nóminas de los miles de prejubilados andaluces -en Jerez hay 2.500 y otros tantos en la provincia, a los que se suman los de Santana Motor en Linares (Jaén), la Faja Pirítica de Huelva...-. Y con el cierre se perdieron cerca de cincuenta empleos.

El año de la intervención de Uniter, en 2013, la empresa facturó seis millones de euros y pese al descenso de actividad a raíz de la administración judicial, la aseguradora (correduría de seguros) apenas arrastra un pasivo de unos 100.000 euros, la mayoría debido a los gastos ordinarios. A día de hoy, Uniter sigue teniendo bloqueados los pagos de las aseguradoras por el embargo. Uniter está en concurso de acreedores por la fianza, pero no tiene deudas, señalan desde el entorno de la aseguradora.

Uniter espera recuperar su buena reputación, lastrada por una causa que la nueva juez ha dividido en piezas para acelerar la instrucción.