Visto para sentencia el caso de los cursos fraudulentos de UGT

El juicio por la organización de dos cursos fraudulentos en UGT, y por el que una mujer se sienta en el banquillo, quedó ayer visto para sentencia. La fiscal mantiene la acusación y reitera su petición de seis años de cárcel para M.P., una mujer que a finales de la década de los 90 ocupaba el cargo de secretaria de administración. Le imputa un delito de malversación (por el que pide cuatro años de cárcel) y otro de falsedad documental (dos años de prisión).

La defensa, que ejerce el letrado Manuel Hortas, pide la libre absolución y en caso de condena estima que ni siquiera hay delito, pues se trataría de un supuesto fraude de subvención pública que no llega a 60.000 euros.

La jornada de ayer se dedicó al testimonio de otros responsables del sindicato a nivel provincial y a la lectura de los informes y conclusiones finales. En cierta forma algunos de esos sindicalistas exculparon a la acusada al poner de manifiesto que se trataba de una mera auxiliar administrativa y que como tal no tenía mucha capacidad de decisión.

Precisamente esa versión es la que desde un principio ha mantenido M.P., al decir que lo suyo era un cargo "pero sólo de nombre", destacando que las únicas labores a las que se dedicaba eran las relativas al funcionamiento del archivo y el control de afiliados. Da la casualidad de que las otras dos personas que ocupaban cargos cuando ella estaba no pueden testificar ya que uno de ellos ya ha fallecido y el otro está gravemente enfermo.

Como se recordará, se acusa a esta mujer de organizar dos cursos fraudulentos de formación para personal docente. Estas actividades no se hicieron nunca, pero sí se cobraron las subvenciones de fondos europeos estipuladas para este tipo de acciones. Además, se manipuló información de los asistentes a esos 'cursos fantasma', puesto que se usaron nombres de profesores y sus datos personales, aunque maquillándolos para que hubiera más presencia de mujeres y de mayores de 45 años, requisitos para la subvención. Los datos, según aseveró uno de los testigos, solían facilitársele al sindicato por parte del censo electoral. El coste de los dos cursos ronda los 12.000 euros.

El tribunal deberá decidir con los datos que maneja si fue la acusada la que manipuló esos datos y se quedó con parte del dinero.