Isabel Fluxá, la abogada de la acusación en la causa por presunta estafa contra José María Ruiz-Mateos, aseguró ayer que la nueva incomparecencia del empresario jerezano que había sido citado ayer a declarar en los Juzgados de Palma es "una tomadura de pelo hacia la Justicia y hacia los españoles".

La abogada dijo que el empresario jerezano "debería estar ahora detenido" tras no haberse presentado ayer, por tercera vez, ante el Juzgado de Palma que investiga el caso.

La representante de Francisco Miralles dijo que está a la espera de la decisión que tome la jueza María Pascual para plantearse si solicita o no medidas cautelares.

"Dependiendo de lo que decida la jueza, consultaré con mis clientes si pedimos la detención de Ruiz-Mateos, para que pase a disposición del Juzgado número 3 de Palma", señaló, e incluso dijo que podría llegar a solicitar la prisión provisional para Ruiz-Mateos. "Por mí, solicitaría ya la prisión pero debo consultar antes con mi cliente", insistió nada más salir del Juzgado.

Fluxá recordó que el empresario no compareció ni en su primera citación el 20 de junio, a la que sí acudieron sus hijos, ni a la del pasado 27 de julio, "sin ningún motivo además".

"Tiene narices que este señor tenga que ser detenido porque al fin y al cabo esto lo pagamos todos. Total, para no venir aquí a hacer una declaración o a acogerse a su derecho a no declarar, pero que venga", reclamó la letrada, que dijo estar indignada con la situación.

Miralles acusa de estafa a Ruiz-Mateos como avalista, junto con sus hijos, de un sobrino que le compró el hotel Eurocalas por 24 millones de euros. El querellante asegura que le deben 13,9 millones por el establecimiento, sobre el que pesa una hipoteca de 19 millones suscrita por los Ruiz-Mateos tras comprar el hotel.

La querella fue ampliada en relación al traspaso a Clesa, una empresa del grupo Nueva Rumasa, de un hotel situado en Torremolinos con el que se había avalado la compra del ubicado en Mallorca. Para el querellante, esto se hizo para no tener que saldar la deuda con él, por lo que le imputa los delitos de alzamiento de bienes y administración desleal.